El Consell ignoró la Ley de Aguas en 129 urbanizaciones

El Consell ha validado entre 2005 y 2007 sucesivas iniciativas urbanísticas sin tener acreditado el abastecimiento de agua mediante el preceptivo informe favorable de las confederaciones hidrográficas, como recoge la Ley de Aguas. En ese espacio de tiempo el Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, ha autorizado un total de 129 PAI (entre ellos gigantescas macrourbanizaciones como Gran Manises, Nou Mil. leni o Plan Rabassa) de espaldas a la norma estatal.

Los proyectos bajo sospecha prevén 200.000 casas y un millón de habitantes

Esta práctica ha sido denunciada ante la Comisión Europea por el eurodiputado de Los Verdes, David Harmmerstein, por poner en riesgo los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Bruselas, a través del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha recogido el guante y ha abierto una investigación. La primera decisión ha sido recabar del Gobierno central el listado de proyectos autorizados sin el informe favorable de las cuencas hidrográficas. En el caso de la Comunidad Valenciana, los proyectos afectados, según la denuncia del eurodiputado de Los Verdes, son 129. En total, estas iniciativas prevén unas 200.000 nuevas casas con cerca de un millón de habitantes.

La Ley de Aguas (artículo 25.4 reformado el 22 de julio de 2005) establece como obligatorio la emisión de un informe previo de la confederación hidrográfica en el caso de los planes urbanísticos que planteen nuevas necesidades de agua. En el informe, el organismo de cuenca debe pronunciarse de manera "expresa" sobre la existencia de recursos hídricos suficientes. Como norma general, los PAI tramitados no incluyen ese documento. Y cuando lo recoge, siempre ha sido negativo. Este fue el caso del PAI de La Serreta, en plena huerta de La Nucia, que prevé levantar 3.834 casas.

En la mayoría de los planes aprobados definitivamente, la ausencia del preceptivo informe de la confederación se sustituye con por otros de empresas colaboradoras (Mancomunidades y Consorcios de Aguas) o simplemente la aprobación por parte de los plenos municipales de un "informe de disponibilidad de recursos hídricos", confeccionados al margen de los organismos competentes.

El recurso a entidades colaboradoras para garantizar el consumo de agua la futura población ha sido esgrimido en proyectos de envergadura como el Plan Rabassa (periferia norte de Alicante con casi 13.000 casas), el nuevo planeamiento Urbano de Sant Joan d'Alacant, que prevé unas 20.000 nuevas viviendas y el PAU 21, en Orihuela, con otras 2.286 viviendas.

La reacción del Consell a iniciativa de la Comisión Europea ha sido arremeter contra el denunciante. El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, acusó ayer en Alicante al eurodiputado de Los Verdes de utilizar la UE con "fines partidistas y en contra a los intereses generales de todo el mundo". Según García Antón, Bruselas "no investiga estos proyectos porque carezcan de nada, sino porque falta algún informe". El consejero, no obstante, se escudó en las entidades colaboradoras para asegurar que los proyectos, como el caso del Plan Rabassa, tiene garantizada el agua, pese a que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mantiene la tesis contraria.