Garzón también reclama datos sobre condenas de tribunales republicanos

Baltasar Garzón quiere datos sobre todas las desapariciones que se produjeron desde el 17 de julio de 1936, fecha de la sublevación franquista que dio lugar a la Guerra Civil y la dictadura. Sean del bando que sean. El juez solicitó ayer a diferentes órganos del Estado y a la Iglesia información más concreta sobre la represión que se desencadenó durante ese conflicto y la posterior dictadura. Al Ministerio de Cultura le pide información sobre los tribunales republicanos de Madrid "creados durante la defensa de la capital de España". A la Conferencia Episcopal, que se declaró incompetente para abrir al juez las puertas de las parroquias, le exige que "aporte la información requerida".

La petición que redactó ayer Garzón aclara la que dictó hace casi un mes con el fin de elaborar un censo de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo. En el informe que pidió al director del Archivo General de la Administración, dependiente de Cultura, su director indicaba nueve instituciones en las que podía hallar la información. La nueva petición de documentación fruto de ese informe es mucho más detallada y exhaustiva que la anterior. El juez tiene intención de decidir si admite a trámite el caso en una semana.

Una de esas instituciones a que hacía referencia el informe del Archivo General eran "los tribunales creados durante la defensa de la capital de España en la Guerra Civil". Garzón reclama ahora a ese mismo órgano que le proporcione los datos sobre "personas desaparecidas o fallecidas" en el Jurado de Urgencia, el Juzgado Especial para la Rebelión Militar, el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición y los Tribunales y Jurados Populares. "Estos últimos, legalizados por el Gobierno de la República en noviembre de 1936, sí protagonizaron algunos actos de represión política", asegura el historiador Julián Casanova, "aunque las condenas a muerte y los enterramientos están, en la mayoría de los casos, documentados", añade.

El juez da, además, un tirón de orejas a la Conferencia Episcopal, que obstaculizó el caso declarándose incompetente para ordenar a todas las parroquias que abrieran sus puertas a la policía. "En aras a la colaboración con la Administración de justicia", Garzón ordena ahora al órgano que se dirija a cada obispo para que obligue a cada párroco a informar.

Al abad del Valle de los Caídos, que ni siquiera entregó el listado de muertos que se le pidió, le reclama una respuesta "expresando las dificultades y forma de subsanarlas" para que la justicia pueda continuar con la investigación. Esa información se completa con datos sobre traslados de restos de republicanos al mausoleo de Franco procedentes del antiguo Ministerio de Gobernación y de la Delegación del Gobierno en Madrid, que supuestamente constan en el Archivo General.

Garzón acota ahora mucho más la documentación requerida y el órgano que, en teoría, la tiene. Por ejemplo, reclama datos de desaparecidos a Justicia y al Registro Civil de Madrid, o de los detenidos como consecuencia de la guerra que murieron por "causas comunes" en la cárcel que consten en el archivo de la Dirección General de Prisiones.

Se solicita también información sobre el fondo documental del Auxilio Social -el patronato encargado de rescatar para la dictadura a miles de hijos de republicanos que fueron dados en adopción a familias adeptas al régimen- para conocer más sobre los progenitores fallecidos o desaparecidos de esos menores.

A la Vicepresidencia del Gobierno le reclama un listado de funcionarios de la República expulsados, fallecidos o desaparecidos tras la guerra. A tres archivos militares -Ávila, Segovia y Guadalajara- , que informen sobre "desaparecidos, muertos, heridos o desertores", "militares y civiles desaparecidos en contienda" y "sentencias falladas en Consejos de Guerra". Y a los denunciantes, un listado único de víctimas sin nombres duplicados.