El PP de Valencia rechaza exigir al Consell el fondo de financiación local

El Ayuntamiento de Valencia necesita más dinero, pero no tocará a la puerta del Palau de la Generalitat para pedirlo. Al menos de momento. El grupo municipal del PP aprobó ayer en solitario una moción para exigir al Gobierno socialista la reforma urgente de la financiación local al tiempo que revisa la autonómica, y un aumento de la transferencia prevista por el Ministerio de Economía para 2009, menor de la esperada, entre otras cuestiones. Sin embargo, el portavoz del PP, Alfonso Grau, rechazó incluir la propuesta del concejal socialista Rafael Rubio de exigir también a la Generalitat que cree en los presupuestos del año próximo el fondo de cooperación municipal previsto en el Estatut y pedido ya por la Federación Valenciana de Municipios en 1999. La participación de los ayuntamientos en los ingresos estatales por impuestos está reglada, pero en el caso de la Generalitat no existe un mecanismo similar para apoyar la economía local, ya que las aportaciones son discrecionales a través de convenios y subvenciones.

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Grau aplazó una posible petición a la Generalitat hasta que se resuelva la financiación autonómica. "Antes de exigir, deberemos saber el qué [se exige]", afirmó Grau. "Somos la única autonomía que no tiene legislado el fondo", aseguró Rubio, quien reiteró que la Generalitat también tiene que implicarse en la financiación de los municipios, ya que recibe transferencias del Estado para competencias que luego deriva hacia los ayuntamientos sin apoyo económico.

Que cualquier nuevo ingreso aliviaría la situación de las cuentas quedó patente también en el debate entre el responsable de Hacienda, Silvestre Senent, y el concejal socialista Juan Ferrer, en torno a las ordenanzas fiscales del año próximo. Ferrer insistió en que "el dinero está en la caja de la Generalitat", cuyas deudas sumadas al cobro correcto de impuestos de obra e IBI a la Ciutat de les Arts (CACSA) permitiría ingresar 150 millones de euros. Senent negó que el Consell deba más de 20 millones y desvió la responsabilidad de recaudar más de CACSA al catastro. También rechazó que los valencianos vayan a pagar dos veces el tratamiento de la basura a partir de enero al crearse una tasa metropolitana, mientras que el concejal socialista reiteró que ese servicio ya se paga en el IBI. Las tasas y precios públicos subirán un 5%, y el IBI un 2% obligatorio porque se aplaza la revisión de los valores catastrales. Los demás impuestos se congelan, aunque hay cambios en el de actividades económicas para actualizarlo.

Ningún debate hubo por las distinciones que concederá la alcaldesa, Rita Barberá, con motivo del Nou d'Octubre. La oposición anunció el miércoles que se abstendría en el nombramiento del cardenal Agustín García-Gasco como hijo adoptivo de la ciudad porque considera que sus ataques constantes al Gobierno superan lo tolerable en democracia. Así lo hizo, sin intervenir. Los socialistas tampoco tomaron la palabra tras la lectura de los méritos del resto de homenajeados, que sí aprobaron: la compositora Matilde Salvador y el pedagogo Gonzalo Anaya, hijos adoptivos a título póstumo; la investigadora Mari Luz Terrada, como hija predilecta, y las medallas de oro a la Fundación Bancaja y la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deporte. Tras el pleno, la portavoz socialista, Carmen Alborch, explicó que con su silencio el grupo quiso "procurar la buena convivencia y evitar la crispación, en la línea de lo que debería ser un buen pastor".

En la sesión adelantada un día para evitar la coincidencia con el inicio del congreso de los socialistas valencianos, el PP rechazó la moción del concejal Vicente González Móstoles para retirar el PAI de El Grau, que a su juicio no se ajusta a los objetivos del concurso de arquitectos para la marina del puerto, que abarca un ámbito mayor. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, defendió que el plan sí cumple con el concurso en la zona que ahora se puede urbanizar.