El 'síndic' reprende a un instituto que echó a un menor sin pruebas

Un instituto público de Badalona ha vulnerado los derechos de uno de sus alumnos. Eso opina el síndic de greuges, Rafael Ribó, que ha emitido una resolución en la que critica con dureza la actuación del centro en el caso de Y., un estudiante de 13 años y origen marroquí que el año pasado fue expulsado. La dirección le acusó, sin pruebas, de vender marihuana a sus compañeros.

Diversos alumnos difundieron la sospecha de que Y. pasaba droga. Ante esos rumores, los responsables del IES Barres i Ones contactaron con la Guardia Urbana de Badalona. Una patrulla "interrogó y cacheó" al menor en el instituto, según recoge la resolución del síndic. El chico fue interrogado sin que sus padres estuvieran presentes porque nadie les avisó, circunstancia que, a juicio del síndic, es reprobable y "vulnera los derechos" del adolescente.

Ribó considera que "el centro tendría que haber avisado a la familia", con más motivo cuando las declaraciones del chico podían dar lugar a que se le imputara un delito grave. El informe también es demoledor en este punto. El expediente que en diciembre de 2007 se abrió al alumno le imputa la "posesión y tráfico de drogas dentro del instituto". El síndic recuerda que en España "la imputación de un delito (...) es competencia única y exclusiva del poder judicial". En este caso, del juzgado de menores.

Al no existir "ni resolución judicial ni administrativa" que sostenga el presunto tráfico de drogas, Ribó entiende que el instituto "se excedió" en sus competencias. En todo caso, observa el síndic, ante los indicios de un delito, la dirección "debería haber comunicado los hechos a la fiscalía".

El expediente disciplinario también recoge que alguien del centro registró la mochila de Y. sin que éste estuviera presente. Nadie le comunicó después que su bolsa había sido inspeccionada. Algo que, a juicio de Ribó, también "vulnera el derecho a la intimidad" del alumno.

El joven, de origen magrebí, acabó expulsado por aquellos hechos y ahora estudia en otro instituto. El síndic pide al Departamento de Educación que "revise" el expediente, ya que "no reúne las garantías necesarias" para demostrar los hechos y calificarlos como graves. Ribó basa su tesis en distintos argumentos. Por ejemplo, en el hecho de que los alumnos que acusaron a Y. "no se han identificado" y en que los propios profesores dicen no tener pruebas de la venta de drogas y, pese a ello, "expresan su convencimiento de que [Y.] ha sido el autor", sin que "conste ningún argumento que lo justifique".

Ante esas circunstancias, el síndic pide a Educación que "elimine de cualquier documento" la atribución de tráfico de drogas al alumno.

La expulsión del menor levantó un fuerte revuelo en barrios de la periferia de Badalona. SOS Racismo presentó una denuncia ante el Síndic de Greuges ya que, a su juicio, el caso presenta tintes xenófobos.