La Comisión Arbitral dirime hoy los recursos forales contra la ley Municipal

La Comisión Árbitral, el órgano extrajudicial encargado de resolver los conflictos entre las distintas instituciones de la comunidad autónoma, se reúne esta tarde en el Parlamento para dirimir los recursos presentados por las diputaciones de Vizcaya y Álava contra el proyecto de ley Municipal que aprobó el Gobierno el 3 de junio pasado y remitió después al Parlamento. Su tramitación se encuentra paralizada desde mediados de julio por las reclamaciones forales, que entienden que el texto invade sus competencias, a la espera del fallo de la comisión. Su aprobación se antoja prácticamente imposible en los tres meses escasos que restan de legislatura. El presidente de Eudel y alcalde de Tolosa, el peneuvista Jokin Bildarratz, la dio ya por perdida el pasado mes de julio.

Euskadi es la única comunidad autónoma que carece de esta regulación, una competencia del Gobierno vasco, que después de incumplir desde 1983 en todos sus mandatos el compromiso de enviarla al Parlamento, remitió finalmente el proyecto de ley el pasado junio. El proyecto fija las atribuciones municipales y prevé la participación de los consistorios en el Consejo Vasco de Finanzas, una histórica reclamación de las entidades locales.

Consenso desmentido

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, aseguró en su momento que el texto estaba consensuado con las diputaciones y los ayuntamientos, pero dos de ellas la recurrieron. El diputado general de Álava, Xabier Agirre, militante del PNV al igual que la vicelehendakari y el propio presidente de la asociacion que reúne a todos los municipios vascos, desmintió expresamente la existencia de tal consenso y aseguró que ni siquiera había llegado a celebrarse ninguna cita sobre el particular entre el Ejecutivo foral alavés y el Gobierno.

Guipúzcoa se ha desmarcado de la iniciativa de las otras dos diputaciones, pese a compartir el fondo de la misma. Su diputado general, Markel Olano, también del PNV, opinaba el pasado miércoles en las Juntas Generales de su territorio, que no había "argumentos de importancia suficiente para acudir a la Comisión Arbitral".

Los ponentes de la resolución que hoy debe, en principio, adoptar la Comisión Arbitral, si no surgen discrepancias de fondo sobre las propuestas que presenten, han sido José Manuel Castells y el propio presidente del órgano mediador, a su vez responsable del Tribunal Superior, Fernando Ruiz Piñeiro.