PSOE y PP ultiman la primera iniciativa del nuevo pacto contra ETA

Esta vez ETA tiene enfrente al PSOE y al PP unidos frente al terrorismo. No sólo no polemizan en público en esta legislatura sobre este asunto, ni presentan iniciativas unilaterales, sino que ultiman propuestas conjuntas contra ETA. Así, PSOE y el PP tienen previsto presentar en breve en el Congreso el primer fruto concreto del nuevo acuerdo antiterrorista: la reforma de la Ley de Víctimas para eliminar de las calles los nombres de los etarras y las placas o monumentos que ensalcen a los terroristas.

La proposición estará abierta a otros grupos y elimina las calles con nombres etarras

Según fuentes del PP, el texto está ya cerrado, podría presentarse esta misma semana y será una disposición adicional a la ley de víctimas. La proposición de ley parte del acuerdo entre los dos grupos, iniciado con la reunión de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy de julio, y negociado desde entonces por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo. Rubalcaba y Trillo mantienen abierta la interlocución permanente sobre terrorismo. El propósito de populares y socialistas es abrir el texto a la firma del resto de grupos, en busca del máximo consenso posible. El texto pactado obliga a que "todas las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y en su respectivo ámbito territorial", adopten "todas las medidas conducentes a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas, como nombres de calles, plazas, avenidas, parques y cualquier tipo de monumento, de exaltación, personal o colectiva, del terrorismo o de los terroristas".

La reforma se basa en un texto elaborado por el PP antes del verano, al que se unirá una breve exposición de motivos que también han cerrado.

En paralelo, el Gobierno asegura que están en marcha las acciones legales, a través de la Abogacía del Estado, para la inminente retirada de todos los nombres de etarras del callejero, sin necesidad de esperar a la entrada en vigor de la reforma legal pactada con el PP. Esa iniciativa legal se apoya en la ley vasca aprobada recientemente.

El siguiente paso del acuerdo entre el PSOE y el PP será la presentación de la reforma del Código Penal para establecer medidas de vigilancia y seguridad para los miembros de ETA que salgan de prisión. En este caso, también las negociaciones están muy avanzadas y el Gobierno anunció su disposición a aceptar la reforma de la ley para que los terroristas y pederastas sean sometidos a control y vigilancia una vez que hayan salido de la cárcel.

Ese anuncio unilateral provocó una carta de la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, al socialista José Antonio Alonso para remitirle el texto elaborado por el Grupo Popular. Posteriormente, han mantenido contactos que han derivado en el acuerdo cerrado y en la proposición sobre la Ley de Víctimas.

El PP prevé que la proposición de ley de reforma del Código Penal llegue al Congreso en octubre. Gobierno y PP han hablado también en los últimos días sobre la posibilidad de actuar contra los concejales de ANV, una vez que el Supremo ha declarado ilegal a esta formación. El propósito es estudiar conjuntamente la posibilidad de disolver los ayuntamientos con ediles del partido ilegalizado.

Además, ambos partidos tienen abiertas las conversaciones para la renovación del Constitucional. El Senado elegirá los cuatro que debe nombrar de la lista que remitan los parlamentos autonómicos y el Congreso debe designar al sustituto del fallecido Roberto García-Calvo. En el primer caso, el PSOE está dispuesto a vetar a Francisco Hernando y a Enrique López si es que el PP insiste en proponerles como nuevos magistrados del Constitucional.

En las próximas horas Zapatero podría telefonear a Rajoy para notificarle el nombre del presidente del Consejo General del Poder Judicial.