Barberá niega las anomalías urbanísticas que investiga la UE

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reaccionó ayer ante la amenaza de la Comisón Europea de llevar a los tribunales las irregularidades de la empresa pública Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), junto al Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA). Según el comisario de Mercado Interior, Charlie Mc Creevy, AUMSA y el IVVSA crearon sociedades mixtas con accionistas privados, como Cabanyal 2010, a los que asignaron tareas de ordenación urbanística con cargo al erario público violando las directivas europeas sobre contratación pública.

Mientras que el Consell espera a tener una comunicación oficial sobre el dictamen de la CE, que requiere información en un plazo de dos meses antes de llevar el asunto al Tribunal de la Unión Europea, la alcaldesa de Valencia aseguró ayer que la sociedad Cabanyal 2010, creada para llevar a cabo la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez con empresas privadas que luego la dejaron por la crisis urbanística, "todavía no ha adjudicado ni una sola obra" y "menos, a los que antes eran sus miembros".

Barberá afirmó, en ese sentido, que "por tanto, no hay nada que temer" y señaló que esta entidad "no ha cometido ninguna irregularidad" o "falta de adecuación a las exigencias de la Unión Europea nunca". La alcaldesa manifestó que el Ayuntamiento de Valencia no ha recibido ninguna notificación y que desconoce el contenido del dictamen. La Unión Europea se dirige a los estados, que es con los que tiene la interlocución. Según comentó, el Ayuntamiento remitió un informe de AUMSA a la Unión Europea pero "nunca ha sabido nada más". Asimismo, añadió que ya no existe la sociedad mixta porque ahora la entidad la conforman únicamente dos empresas públicas.

Por su parte, el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, una regulación urbanística "intachable" que acabe con el caos y acusó al jefe del Consell de convertir a la Comunidad Valenciana en "el paraíso de las contrataciones a dedo y el urbanismo descontrolado". En un comunicado, el portavoz parlamentario de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Francesc Signes, culpó a Camps de "hundir a la Comunidad Valenciana en el caos del ladrillo". Signes anunció que en el Debate de Política General el PSPV exigirá a Camps que establezca un marco legal claro y riguroso para el urbanismo y la construcción.