Competencia regula la multa pactada para evitar recursos

El Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia se ha adelantado al resto de servicios administrativos con capacidad de sanción del resto de España al regular la multa pactada. Se trata de un mecanismo habitual en los países anglosajones, adoptado después por los servicios de competencia de la UE, como una manera de hacer más eficaces las sanciones y evitar los costes derivados de los recursos judiciales que habitualmente plantean los multados. A partir de ahora, las empresas que admitan su infracción pueden obtener importantes reducciones de hasta un 40% en el importe de la sanción.

Una vez admitida la culpa, habrán de colaborar en la investigación del hecho sancionable y, en su caso, introducir medidas correctoras. El presidente del tribunal, Javier Berasategui, explicó ayer que se trata de "un paso importante". "En esas condiciones las empresas no sólo hacen frente a las sanciones, sino que se comprometen en la modificación de las actitudes y hechos que las provocaron". Berasategui explicó desde Madrid que, además, se gana eficacia en la gestión de las sanciones. "Una vez pactada, las empresas pagan y el Servicio se ahorra la incertidumbre, los retrasos y los costes judiciales derivados de los recursos", dice.El mecanismo establecido por este organismo abre la puerta a que las empresas o asociaciones investigadas puedan negociar con el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia una multa pactada en cualquier momento del proceso. Sin embargo, la cuantía de las rebajas va a depender del momento en el que Competencia remite a la sociedad investigada el Pliego de Concreción de Hechos (PCH). Si la empresa solicita acudir al procedimiento de multa pactada antes de que el Tribunal determine la culpabilidad de la sociedad y describa el relato de los hechos probados en el PCH, los afectados podrán negociar una reducción de hasta del 40% del importe de la multa. La regulación de tribunal establece que, en este caso, la empresa deberá reconocer su culpabilidad en las alegaciones, logrando una reducción del 10%. Un porcentaje al que podrá sumar un 30% adicional si propone medidas para reparar el daño hecho y ofrece garantías de que a partir de ese momento va a respetar la normativa.En la segunda vía disponible para la reducción de la multa, que la empresa lo solicite una vez que el Tribunal ha elaborado el informe y detallado las infracciones, el descuento es menor."Creemos que la puerta ha de estar abierta en ambas situaciones, porque lo importante es la efectividad de la sanción, y tanto en Estados Unidos como en Francia el mecanismo se ha demostrado muy exitoso", explicó Berasategui.Si la empresa solicita pactar la multa una vez acreditada su responsabilidad en las infracciones investigadas, conseguirá un 10% de reducción de la multa, aunque primero tendrá que reconocerlo por escrito. Las alegaciones al pliego con el relato administrativo de los hechos será el documento en el que entone el mea culpa. Después, si la empresa da el siguiente paso, se compromete con la normativa, se aviene a facilitar una investigación más profunda y, finalmente, propone mecanismos para reparar el daño hecho, podrá computar un nuevo descuento del 15%.El del sindicato de transportistas autónomos Hiru es el primer expediente que podría resolverse por esta vía. El tribunal estima que las infracciones podrían llegar a los 900.000 euros, pero Hiru pidió un final de la investigación sin culpa. Sin embargo, el tribunal se la atribuye, aunque dejará la puerta abierta a que, si el sindicato la reconoce, pueda pactar la sanción.