Todos los funcionarios del juzgado de Tirado pedirán el traslado a final de año

El Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, el de Rafael Tirado, va camino de ser un juzgado "fantasma". Sus cuatro funcionarios con plaza fija van a pedir el traslado en el próximo concurso, que esperan que salga a finales de año. "Nos vamos todos.

Estamos llegando a un punto en el que no se puede controlar el trabajo", advierte una de las funcionarias que tiene decidido irse. ¿Adónde? "Adonde sea menos a un juzgado de lo Penal. Antes prefiero un pueblo", apunta otra de sus compañeras que, como el resto, pide que no se le identifique. Todos llevan en el Penal 1 más de 10 años y han dejado pasar otros tantos concursos de traslado. Pero el próximo no.

Desde que salieran a la luz los errores que permitieron a Santiago del Valle estar libre el día que presuntamente mató a Mari Luz, el Juzgado de lo Penal 1 está en el ojo del huracán. Sus funcionarios (cuatro fijos y cuatro interinos) reconocen que el asunto ha influido en su decisión de marcharse. Aunque aseguran que "la desbandada" va a ser general en los 13 Juzgados de lo Penal de Sevilla. Uno ya sólo tiene interinos porque todos los titulares se han ido. Igual que, probablemente, funcionará el de Tirado el año que viene.

Las mesas de los cuatro funcionarios encargados de ejecutar las sentencias están tomadas por montañas de carpetas. Cada una corresponde a un expediente distinto. "Es incontrolable. Intentas atender lo más urgente, pero se te va de las manos". La situación ya era delicada "hace años", pero aseguran que las reformas judiciales más recientes han terminado por saturar sus negociados. "Llevamos las ejecuciones de condena de violencia de género y de tráfico con el mismo personal. Y de medios estamos como en el siglo XVIII. Nos han cambiado la máquina de escribir por un ordenador un poco más moderno".

Desde el 1 de enero hasta ayer, el Penal 1 ha incoado 496 nuevas órdenes de ejecución de condena. A las que hay que sumar los remanentes del año pasado, más un centenar de nuevas sentencias firmes pendientes de empezar su trámite de ejecución. En total, "alrededor de 800". "Lo ideal para controlar los casos que tienes en tu mano sería llevar 100 cada uno. Y aquí todos llevamos más de 200".

Aseguran que el atasco es generalizado en los juzgados de lo Penal. "Pero nosotros no estamos anímicamente igual que el resto. Hay mucho miedo, bajones, depresiones", cuenta una funcionaria. El caso Mari Luz ha cambiado su forma de trabajar. "Todo va más lento. Lo miras con 3.000 ojos. En el tiempo que antes hacías siete papeles ahora haces tres". El "miedo" les lleva también a hacer horas extra que no les pagan. Unos van a la oficina por la tarde y otros hacen jornada intensiva más allá de su horario oficial. En mayo pidieron a la Junta que les reconocieran las horas extraordinarias. "No nos han contestado, pero seguimos viviendo porque hay pánico".

La psicosis ha llevado, además, a cambios en el trámite de las ejecuciones de condena. "Cuando te llega una condena grave dictas directamente el auto de no suspensión, se ordena la detención y el ingreso en prisión. Antes primero se le notificaba la no suspensión, se le citaba para ingreso voluntario y si no iba se le detenía. Ahora saltamos esos pasos".

Los funcionarios constatan que el miedo también ha llegado a la Junta de Andalucía. Por primera vez ha mandado refuerzos: dos nuevas empleadas adscritas a la sección de ejecutorias. Pero sus compañeros advierten de que tardarán "meses" en poder hacer su trabajo con la diligencia necesaria. "Una ha trabajado de abogada y la otra es psicóloga. Estamos enseñándoles. Literalmente es como si te siento a ti aquí".