PSOE y CiU abren la puerta para endurecer la Ley de Extranjería

Ya no son sólo declaraciones públicas. El giro radical en la política de inmigración del Gobierno se convirtió ayer en un hecho al aprobarse en el Congreso una proposición de CiU que abre la puerta al endurecimiento de la Ley de Extranjería. Todos los partidos, menos el PP e IU, apoyaron la moción que insta a modificar esta ley de 2000, que fue muy polémica por su dureza, para adaptarla "a la nueva realidad social, económica y normativa"; esto es, para hacerla más restrictiva en este momento de crisis económica.

Gaspar Llamazares, de IU, se abstuvo, y el PP hizo lo mismo pero por un motivo distinto: quería mayor dureza, y presentó una enmienda con siete puntos entre los que incluye la prohibición de regularizaciones extraordinarias. El PP realizó varias cuando gobernaba, pero en los últimos años ha basado su discurso en la crítica a la regularización extraordinaria que promovió el PSOE en 2005.

En cualquier caso, todos los grupos parecen estar de acuerdo en la necesidad de reformar la ley. El Gobierno también está por la labor, aunque aún no se ha avanzado nada y ni siquiera han comenzado las reuniones interministeriales para elaborar un borrador.

Las reformas de la Ley de Extranjería siempre han estado acompañadas de polémica. La actual, de 2000, fue un compromiso del PP en las elecciones y fue una de sus primeras medidas cuando logró la mayoría absoluta. Endureció tanto la ley anterior, que había sido pactada por todos los grupos cuando el PP gobernaba en minoría, que el Tribunal Constitucional tumbó algunos artículos, por ejemplo los que eliminaban para los inmigrantes irregulares derechos fundamentales, como los de reunión, asociación y huelga. De hecho, una de las reformas en las que estaban todos de acuerdo, incluso el PP, es la de corregir la norma para ajustarla a la sentencia del Constitucional que reconoce esos derechos a los irregulares.

Aunque el fondo del debate era el endurecimiento de la Ley de Extranjería por las nuevas condiciones económicas, todos los portavoces que intervinieron, salvo el del PP, moderaron mucho el tono. Carles Campuzano, representante de CiU, insistió en la idea de que la inmigración en España es "la historia de un éxito", porque su explosión ha ido acompañada de un gran crecimiento económico. Ahora que viene la crisis, según Campuzano, hay que "manejar de forma inteligente los flujos de inmigración, para adecuar nuestras políticas de acogida e integración, así como entender las posiciones de los sectores más vulnerables de la población española de origen, y ser capaces de articular aquellos espacios de vida en común, así como políticas que en el medio plazo garantizan la cohesión social".

Mucho más duro fue el portavoz del PP, Rafael Hernando, quien recordó incluso la negociación con ETA para sostener que el Gobierno no se ha ocupado de la inmigración y sólo se ha dedicado a fomentar el "papeles para todos". El Ejecutivo, llegó a decir, "ha fomentado la entrada ilegal, masiva y fraudulenta" de inmigrantes y ahora "empiezan a detectarse focos de tensión".

La representante del PSOE, Concepción Gutiérrez del Castillo, defendió las regularizaciones extraordinarias del Gobierno para rebajar la cifra de sin papeles que dejó el PP, criticó las declaraciones de Mariano Rajoy sobre los inmigrantes que cobran el paro y se mostró a favor de modificar la ley.