Un debate ideológico, de nuevo

La privatización del agua en Madrid reabre el debate sobre si un servicio público puede y debe ser negocio y estar en manos de privados. Las fórmulas son múltiples -gestión pública con asesoramiento privado como ha empezado a hacer Argelia, privatización absoluta como en Chile, gestión privada en un cierto marco regulado como decidió el Reino Unido de Thatcher...- y funcionan mejor o peor según se haya efectuado la privatización y según la calidad de gestión de las empresas. El debate planteado es ideológico. ¿Cómo garantizar que un privado realizará las inversiones para dar un buen servicio o que reparará una fuga si el coste de hacerlo supera el que implica la fuga? Y si se quiere, ¿por qué se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas?

En Madrid cae como una bomba que el Canal de Isabel II pueda cotizar en Bolsa. En Barcelona, donde gobierna la izquierda, ningún ciudadano vivo puede concebir otra cosa que un recibo trimestral de Agbar, controlada por GDF-Suez y La Caixa, del que la compañía se queda un 45% (el resto son impuestos y tasas): Agbar lleva 140 años con una concesión que abarca la mayoría de municipios del área metropolitana de Barcelona. El precio está regulado y suele subir lo que la inflación. La concesión de Agbar no tiene fecha de caducidad, cuestión que ha sido objeto de algún rifirrafe político. Hay quejas sobre el sabor y el olor del agua; no muchas sobre el servicio. Las pérdidas por fugas suponen un 4% del consumo. La eficacia de la red (y el talante ahorrador) se miden: cada madrileño consume 134 litros al día; cada barcelonés, 106. Pero una cosa es la responsablidad de que el agua llegue a casa y otra, la de que llegue al depósito municipal, que ejerce la pública Aigües Ter Llobregat, eternamente codiciada por Agbar.