Los alcaldes se quejan con acentos diferentes

En el debate sobre la financiación municipal se entremezclan los intereses políticos y de las diferentes Administraciones. El problema es común, pero los reproches van por barrios. En Elche, gobernada por el socialista Alejandro Soler, estiman que la Generalitat debería haber aportado desde que la dirige el PP 125 millones de euros para servicios que asume el Ayuntamiento y no le corresponden, como infraestructuras educativas o la línea de autobús de las pedanías. El Consistorio destaca que las transferencias del Gobierno llegan puntualmente, lo que no ocurre con la Generalitat.

Valencia, ajena a cualquier reproche a Camps, pone el acento en sobrecostes en seguridad o inmigración que adjudica al Estado, y se suma con fuerza a las críticas de la Federación Española de Municipios y Provincias por la intención del ministro Solbes de bajar por primera vez su aportación anual a los ayuntamientos por la caída general de ingresos. Los consistorios recibirán en total más dinero que este año, pero sólo porque el Estado añade en sus cálculos lo que les debe de 2007. Para la alcaldesa, Rita Barberá, esta cuenta es un "engaño". Además, según destaca el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, el ministerio baraja aplazar a 2009 el anticipo de lo que queda por liquidar de 2007, lo que trastoca el ajuste de las cuentas de este año. Senent quita importancia a las deudas de la Generalitat, que cifra en unos 20 millones de euros, y aboga por aumentar la participación en los tributos del Estado del 13% al 25%, "como se hace en Europa". Por su parte, el concejal socialista Juan Ferrer afirma que entre las deudas del Consell y los ingresos perdidos por un cobro incorrecto de impuestos a la Generalitat, Valencia podría contar con 150 millones de euros más.

Para el responsable económico de Alicante, el concejal del PP Juan Zaragoza, es el Estado el que paga "tarde y mal" porque las cantidades no alcanzan y las liquidaciones definitivas se retrasan dos años. Admite Zaragoza que la Generalitat también debe dinero, pero relativiza ese agujero porque "se hace cargo de muchas inversiones". Del Estado, en cambio, espera un aumento y recuerda que hay una población "flotante" no censada que usa servicios municipales.

En Castellón, la asfixia se debe, entre otras cosas, a los 6,3 millones de euros que adeuda la Generalitat y 2,3 millones del Ministerio de Fomento. El concejal de Hacienda, Juan José Pérez Macián, alerta, además, de la importante disminución de ingresos ante el parón inmobiliario. Castellón tiene un plan de estabilidad que aboga por crear el fondo local del Estatut, pero el alcalde, Alberto Fabra, se opuso a la propuesta socialista en las Cortes.