Consenso fraudulento

Tras casi dos años de injustificable retraso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido renovado esta semana con el pacto suscrito por los grandes partidos de ámbito estatal y los grupos nacionalistas más importantes. El acuerdo repartió los 20 casilleros en blanco del órgano de gobierno de la magistratura entre las formaciones políticas firmantes (9 tanto para el PSOE como el PP, 1 para CiU y PNV), autorizándoles a rellenarlos a su libre arbitrio con candidatos de su entera confianza, sin más requisito que un simulacro de hearing ante las comisiones parlamentarias de las Cámaras. Una vez designados -a partes iguales- por los Plenos del Congreso y el Senado, los nuevos vocales elegirán formalmente al presidente del CGPJ y a la vez del Tribunal Supremo, un nombramiento decidido previamente por el partido mayoritario según una costumbre establecida al margen de las reglas escritas.

PSOE, PP, CiU y PNV acuerdan la renovación del Consejo General del Poder Judicial con dos años de retraso

El PP había forzado desde noviembre de 2006 la fraudulenta prórroga del anterior CGPJ, elegido por un Parlamento con mayoría absoluta del partido de Aznar en noviembre de 2001 para un plazo de cinco años. La razón de ampliar torticeramente ese mandato, era seguir bombardeando al Gobierno de Zapatero desde una plataforma blindada en la que los populares conservaban su anterior predominio, con la esperanza de revalidarlo en 2008. El infausto septenio ha arrastrado a la institución a un grado de desprestigio tan difícilmente reparable que empieza a barajarse la idea de suprimirla mediante una reforma constitucional.

El alivio producido por el licenciamiento del antiguo CGPJ no ha sido suficiente, sin embargo, para acallar las críticas contra el procedimiento empleado para su renovación. Mientras que 11 de los 12 puestos reservados a los jueces han sido copados por candidatos de las dos asociaciones vinculadas a los partidos mayoritarios (Jueces para la Democracia con el PSOE y la Agrupación Profesional de la Magistratura con el PP), la centrista Francisco de Vitoria recibe la limosna de una sola vocalía, y los magistrados sin adscripción asociativa -la mitad de los 4.200 miembros de la carrera- quedan marginados por completo. Entre las personas elegidas para el nuevo CGPJ hay una antigua secretaria de Estado socialista, un consejero autonómico popular, dos ex diputados nacionalistas, un abogado del PSOE y dos juezas marcadamente sesgadas hacia el PP.

Un portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria ha denunciado fraude de ley en el proceso electoral del CGPJ, que remataría así -cabe añadir- la prórroga fraudulenta de dos años del consejo anterior y el consenso fraudulento de su pacto de renovación. La sentencia 107/1986 del Constitucional advirtió de que el reparto de las vocalías del CGPJ "en proporción a la fuerza parlamentaria" de los partidos frustraría la finalidad constitucional perseguida: la propia lógica del Estado de partidos obliga a mantener al margen de la lucha interpartidista "ciertos ámbitos de poder, y señaladamente el Poder Judicial".