El Gobierno endurecerá las sanciones a los magistrados

La alarma social que ha suscitado el caso Mari Luz y el escándalo provocado por la leve multa, de 1.500 euros, impuesta por el anterior Consejo del Poder Judicial al juez Rafael Tirado, responsable de que el presunto asesino de la niña estuviera libre pese a tener una condena pendiente de dos años, ha aumentado la sensibilidad en torno al Poder Judicial, que se ha extendido a la forma de designación de los nuevos vocales.

Ayer, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, redobló las críticas que la víspera formuló el presidente José Luis Rodríguez Zapatero contra la decisión del Consejo del Poder Judicial. "El Gobierno discrepa radicalmente de la decisión" del Poder Judicial, dijo sobre la sanción al juez Rafael Tirado. E insistió: "Son hechos que debían ser castigados con una sanción infinitamente más grave que la que se la he impuesto y vamos a actuar en consecuencia. Es un caso muy tremendo que ha tenido consecuencias desastrosas".

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La vicepresidenta aseguró que la fiscalía va a recurrir la decisión del Poder Judicial "de manera inmediata". Pero también dio un nuevo sesgo al asegurar que hay que reformar la legislación para asegurar que no se repitan sanciones tan leves como las que ha recaído en un caso de negligencia tan grave como la del juez Tirado.

Cambiar el modelo

Por ello, Fernández de la Vega aprovechó la comparecendia tras el Consejo de Ministros para reavivar el compromiso adquirido por los socialistas en la campaña electoral de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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Además de aprovechar la reforma legislativa para endurecer las sanciones en casos como el del juez Tirado, insistió en la necesidad de que esa reforma logre un compromiso para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sea renovados automáticamente y evitar la situación de prórroga de 22 meses en la que actualmente se mantiene, situación de la que saldrá a final de este mes cuando tome posesión el nuevo consejo.

También reafirmó su compromiso para conseguir que tanto el presidente del Consejo General del Poder Judicial como los vocales tengan que comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para "dar cuenta de su gestión y hacerla más transparente".

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