El juez Marlaska da plantón a seis mandos militares que citó por el Yak-42

La instrucción del caso Yak-42, el accidente en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003, nunca ha sido un modelo de rigor. Pero lo sucedido ayer raya en la falta de respeto. A las diez de la mañana se encontraba en los pasillos del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional el ex jefe del Ejército del Aire general de cuatro estrellas Eduardo González Gallarza. Era sólo el primero de más de 50 testigos, en su mayoría militares, que deberán declarar hasta el 6 de octubre sobre las irregularidades que rodearon la contratación del avión.

Pero el general Gallarza no pudo declarar. Y tampoco los otros cinco mandos militares citados para ayer, pues el titular del juzgado, Fernando Grande-Marlaska, disfrutaba de una licencia para participar en un simposio en São Paulo (Brasil). Los testigos no se enteraron de la ausencia del juez hasta que llegaron a la Audiencia Nacional. Como tampoco los letrados y parientes de las víctimas, lo que provocó su indignación.

Varios de los militares citados ayer están ya en el reserva o retirados, como el teniente general Juan Ortuño, ex jefe del Eurocuerpo, pero otros siguen en activo, como el teniente general Carlos Gómez Arruche, ex director general de la Guardia Civil.

Sin embargo, para ninguno pudo resultar tan engorroso desplazarse al juzgado como para el general de división Ángel Guinea Cabezas de Herrera. Aunque en la citación del juzgado figuraba como jefe de una de las divisiones del Estado Mayor Conjunto, cargo que ocupaba en 2003, lo cierto es que el general Guinea está actualmente destinado en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU (DPKO, por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York (Estados Unidos).

Su cargo es el de director de la Célula Militar Estratégica (SMC) que diseña las operaciones de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL), con casi 15.000 cascos azules desplegados en el sur del país; entre ellos 1.100 españoles.

El general Guinea recibió a finales de agosto la citación del juez Marlaska en su despacho de Nueva York, que le remitió el Ministerio de Defensa, junto con la correspondiente comisión de servicio o pasaporte, que le garantiza el reembolso del coste del billete de ida y vuelta Nueva York-Madrid y de los gastos de estancia en la capital. Tanto esfuerzo resultó inútil, pues el general Guinea ha sido citado de nuevo para declarar el próximo 29 de septiembre.

Fuentes judiciales explicaron que Marlaska había apalabrado con Pablo Ruz, juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción número 6 que sería él quien se encargaría de tomar declaración a los testigos. Sin embargo, éste tampoco se encontraba ayer en la Audiencia Nacional.

Quien sí estaba era el titular de dicho juzgado, Eloy Velasco, que habitualmente sustituye a Grande-Marlaska, pero ayer estaba de guardia, por lo que debía hacerse cargo de todos los asuntos que entraban en la Audiencia, algunos de ellos con personas detenidas sobre cuya libertad o ingreso en prisión debía resolver con carácter prioritario.

Velasco dictó una diligencia en la que acordaba la suspensión de las declaraciones "por necesidades del servicio" y el reparto de los seis testigos entre los días 15, 22 y 29 de septiembre, cuando está previsto tomar declaración a otros mandos militares sobre el caso Yak-42.

El mismo magistrado firmó una providencia en la que ofrecía a los seis testigos "la posibilidad de aplazar su declaración o compatibilizarla con las funciones de guardia lo que puede llevar a una cierta demora". Todos eligieron la primera posibilidad, ante el temor a que se eternizase su presencia en el juzgado.