Detenidos en Alicante los autores de un presunto fraude inmobiliario
Los afectados son centenares y la estafa, millonariaLa futura alcaldesa, Sonia Castedo, agradece la protección de su mentor
Cinco directivos de la promotora Riviera Coast Invest, entre los que se encuentra su principal propietario, el empresario francés afincado en Benidorm Roch Tabarot, fueron detenidos el pasado miércoles por la tarde en el aeropuerto de L'Altet (Alicante) cuando se disponían a tomar un avión privado con destino a Marruecos, por orden del juez titular del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Los ejecutivos de Riviera Coast permanecían ayer en la Comisaría Central de Alicante a la espera de ser trasladados hoy a la Audiencia Nacional.
El magistrado investiga un presunto fraude inmobiliario que afecta a centenares de personas, más de 200 sólo en la provincia de Alicante, y que también se extiende por Murcia, Málaga y Granada. La supuesta estafa podría alcanzar cifras millonarias, según fuentes policiales que cita Europa Press.
Riviera Invest se dedicaba a la construcción de apartamentos que, posteriormente, vendía a sus clientes con el compromiso de gestionar el alquiler de los mismos que, teóricamente, proporcionaría a sus dueños una rentabilidad "garantizada" de entre un 6% y un 7%. Riviera cumplió con sus compromisos hasta el mes de mayo. Pero el pasado 21 de julio presentó una demanda voluntaria de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) que alertó a sus clientes hasta el extremo de que presentaron una demanda por presunta estafa.
Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial que llevaron a cabo la operación no descartaban que se produjeran más detenciones en el futuro.
Miguel Cancela, presidente de la asociación de perjudicados en la provincia de Alicante, que agrupa a más de 200, se lamentaba por la probable pérdida de "los ahorros de toda una vida". Él invirtió 180.000 euros en cinco apartamentos de una residencia universitaria en Sant Vicent del Raspeig en el año 2005, la empresa le daba un 6% de beneficios, "pero en mayo empezaron a no pagar, y preguntamos a varios propietarios y se descubrió el pastel". El presidente admite que la empresa cumplía "fielmente" con sus obligaciones, llegando incluso a "pagar atrasos e intereses de más, pero lo hacían para ganarse la confianza".
Antonio Ruiz es otro afectado murciano: "Parecía un negocio seguro y apetecible". Este inversor entregó a la inmobiliaria 20.000 euros a cuenta de los casi 40.000 que costaba cada uno de los 2.000 estudios que se iban a construir en Espinardo (Murcia). Sin embargo, y ante la paralización del proyecto, Antonio decidió optar por comprar uno de los inmuebles de esta sociedad en Alicante. "Y este edificio sigue sin terminarse, y ni siquiera tengo el derecho de uso sobre lo que hay en pie", explicó este afectado.
Los afectados, según explicaron ayer en un comunicado, decidieron acudir a la policía ya que sus querellas en el juzgado de Sant Vicent del Raspeig "no llevaban buen camino. En Alicante, tampoco. Encontramos pruebas y argumentos para llevar el asunto a la Audiencia Nacional por ser la competente, pues se cometieron los presuntos delitos en la jurisdicción de varias Audiencias".
Por eso, en vez de presentar una querella directamente en la Audiencia Nacional, llevaron una denuncia ante la Comisaría General de Delitos Económicos, en concreto a la Brigada de Delincuencia Económica de Madrid. Media hora después, destinaron a un grupo de funcionarios para investigar los hechos. Varios funcionarios comenzaron a trabajar en Alicante.
La página web de la Asociación de Perjudicados publicó ayer una nota en la que se disculpaba ante sus socios por no haberles informado de la operación policial: "Mientras se llevaba a cabo la investigación, y hasta que se procedió a la detención, no se ha podido informar absolutamente de nada a todos los afectados, a fin de que no hubiera filtraciones que terminaran con la huida de los sospechosos".
Esta discreción no impidió que ayer algunos perjudicados, junto a su abogado Luis Escobar, presenciaran en el aeropuerto de L'Altet el arresto de los directivos de Riviera Coast. "Queríamos asegurarnos de que los responsables [de la inmobiliaria] no pudieran escapar de la justicia"
Algunos de los afectados compraron pisos supuestamente libres de cargas que luego resultaron estar hipotecados. Fuentes policiales han señalado que, además, otras dos de las empresas del holding presentaron el pasado día 1 concurso voluntario de acreedores. Dos días después, la inmobiliaria aún remitía una carta a sus clientes diciéndoles que iban a cobrar los alquileres del mes de agosto.
