El Gobierno cree imposible cumplir el plazo sobre la deuda histórica

Cuando el Gobierno y la Junta, hace casi dos años, pactaron los plazos y el texto que recogería el Estatuto de Autonomía sobre la deuda histórica no estaba en la mente de nadie que la economía se iba a derrumbar a finales de 2008. Tampoco que los socialistas catalanes fueran tan lejos en su pulso sobre la financiación autonómica. Pero, conforme a lo acordado, ha llegado el momento de poner un número a la deuda (el límite es el día 20) y el Ministerio de Hacienda se niega a comprometer la cifra y está dando largas. Es más, fuentes del departamento de Pedro Solbes dan por imposible acordar una cantidad antes del día 20.

Manuel Chaves pretende arrancar al Gobierno un gesto político para salvar la situación. Lo intentará el lunes cuando vea al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en la reunión de la ejecutiva federal del PSOE.

No es que el Gobierno cuestione ahora la razón de ser de la deuda histórica, o plantee volver a discutir acerca de si Andalucía tiene o no derecho a cobrar las cantidades que se dejaron de transferir para la prestación de servicios (concepto de la deuda histórica) al iniciarse la autonomía. Fuentes de la Secretaría de Estado de Hacienda dijeron ayer que prueba del reconocimiento es que se han librado ya dos anticipos, el último (de 300 millones de euros) hace sólo unos meses. El problema es que, además de la penuria económica, el Gobierno acaba de incumplir el precepto del Estatuto de Cataluña que establecía el 9 de agosto como fecha tope para una nueva financiación autonómica, por lo que tiene serias dificultades para explicar que sí acepta el de Andalucía.

Éste es, al menos, uno de los argumentos que se manejan en el Gobierno y la Junta. Oficialmente, tan sólo se repite una y otra vez que "se está trabajando" y que no se descarta que se pueda producir una reunión la semana próxima.

En Andalucía reina el pesimismo, y también la indignación. Tanto, que el consejero de Economía, José Antonio Griñán, terció el miércoles en el Parlamento con un envite inusual en el Ejecutivo andaluz: si no hay deuda histórica, tampoco acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica, y eso que Andalucía ha sido hasta ahora la gran aliada del ministro Pedro Solbes en sus planteamientos. El pie se lo dio el vicesecretario general del PSOE, Luis Pizarro, quien intervino por sorpresa en el debate que celebraba la Cámara sobre la deuda para avisar de que la Junta no va hacer como si no pasara nada. Porque si para Zapatero es un quebradero de cabeza la presión que está ejerciendo el presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, para Chaves no lo es menos tener que presentarse ante los andaluces con las manos vacías respecto a la deuda histórica, una reivindicación que colea desde hace más de una década.

La Junta no pide que la deuda se pague de inmediato -el mismo Estatuto da un plazo de tres años-, únicamente que se acuerde una cifra, un documento que lo diga, un compromiso. Luego ya se verá. Por su condición de presidente federal del PSOE, Manuel Chaves aprovechará la coincidencia con el presidente del Gobierno en la reunión del lunes de la ejecutiva. A esta gestión directa, hay que sumar una movilización intensa tanto de la Junta como del partido en todos los frentes.

Entre las salidas que busca el equipo de Chaves está incluir la deuda en las conversaciones sobre la financiación, pero como una materia bilateral, nunca dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Zapatero pidió ayer "calma" y "tranquilidad" y enmarcó la amenaza de la Junta de romper la baraja de la financiación en los avatares propios de una negociación. "Sólo puedo decir que éste es el Gobierno que ha reconocido y que ha puesto en práctica la aportación a la comunidad autónoma de Andalucía sobre la deuda histórica", sostuvo.

Mientras, en el Parlamento autonómico se produjo ayer el primer contacto entre los grupos para consensuar una cifra con la que acudir a Madrid. La consejería de Economía juega con una horquilla de entre 1.148 (lo que aprobó el Parlamento) y 1.742 millones.