La LUV cambiará el año que viene

La falta de agua, el cambio climático o el encarecimiento de la vivienda son percibidos por muchos valencianos e instituciones como las grandes amenazas para el territorio valenciano. El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, lo explicó ayer después de tres meses de exposición pública -en la web de este departamento- de los trabajos previos a la redacción de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, un documento que debe establecer los futuros ejes de desarrollo.

No son las únicas amenazas percibidas por los que han consultado los documentos -un 80% ciudadanos particulares y un 20% ayuntamientos y entidades empresariales, sindicales y profesionales, entre otros-. El precio y la escasez del petróleo, la desaceleración económica y las migraciones masivas y sin control y la deslocalización de la industria también preocupan, aunque en menor medida.

Entre los activos destacados por los lectores están un clima excelente, paisajes de calidad y el patrimonio cultural, la existencia de una gran cantidad de ciudades medias, la capacidad para producir energías renovables o el contar con el puerto de Valencia. Entre las oportunidades que los valencianos deben aprovechar desde una visión territorial están la explotación de energías renovables o el desarrollo de actividades innovadoras o nuevas formas de turismo -golf, naútica, estética, salud y medio ambiente-. Lo que se espera de la Generalitat es una gestión sostenible de la costa, sobre todo después de años de construcción sin freno, así como que invierta en I+D+i o se solucione el actual déficit hídrico.

En cuanto al presente, García Antón anunció que en un año piensa tener lista una reforma de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) para adecuarla a los requerimientos de la Unión Europea, que tiene un proceso abierto contra España a raíz de esta norma. El consejero espera disponer de un borrador del proyecto en el verano de 2009, a ser posible consensuado con los partidos de la oposición y los ayuntamientos.

La Generalitat, esta vez junto con el Gobierno de España, defenderá ante el tribunal comunitario que el proceso de adjudicación de los PAI no está sujeto a la ley de contratos públicos. La Generalitat está enviando al Ministerio de Asuntos Exteriores sus alegaciones para que las traslade a la corte de justicia a finales de septiembre.