Zapatero baraja cuatro candidatos para presidir un Poder Judicial muy político

José Luis Rodríguez Zapatero decide estos días quién será el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Sobre la mesa tiene los nombres del presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol Ríos, que ya fue vocal y director general en el Ministerio de Justicia en los años ochenta; del magistrado de la Sala de lo Militar del alto tribunal Ángel Juanes Peces y, con menos posibilidades, del ex ministro de Justicia Fernando Ledesma y del magistrado del Tribunal de la UE Dámaso Ruiz-Jarabo.

El presidente decidirá, pero deberán elegirlo los vocales en su primera reunión, prevista para la última quincena de septiembre.

Ruiz-Jarabo y Ledesma tienen menos opciones de dirigir el Consejo

Los socialistas descartan que la composición del órgano sea paritaria

El Gobierno barajó la posibilidad de proponer a una mujer, pero no encontró a ninguna que se ajustara al perfil. Margarita Robles, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y ex secretaria de Estado de Interior con el último Gobierno de Felipe González, será vocal. También se barajó el nombre de la magistrada de la Sala de lo Civil Encarnación Roca, pero se descartó casi desde el primer momento. El nombre del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, fue eliminado inmediatamente porque el PP avanzó su veto innegociable. En la decisión final influyen distintos miembros del Gobierno, de la judicatura y del partido.

El primer paso para la renovación se producirá mañana, cuando PSOE y PP presentarán la lista de vocales de un Consejo que, según todas las fuentes, tendrá, en su composición, un perfil político más pronunciado. Varios ex diputados y altos cargos de distintos gobiernos se contarán entre sus miembros. Los dos partidos han acordado ya los nombres de los nuevos vocales y los remitirán mañana al Congreso y al Senado. Este órgano constitucional -el Consejo- llevaba casi dos años sin renovarse por falta de acuerdo entre los partidos mayoritarios.

Los dos partidos ponen fin a la larga etapa de presidencia de Francisco José Hernando, marcada por la polémica. Desde su negativa reiterada a comparecer en el Congreso hasta la elaboración de informes extremadamente críticos contra leyes y contra el Estatuto de Cataluña sin que nadie se los hubiera pedido y sin haberlo hecho respecto a otras normas similares como el resto de estatutos. La composición del Consejo General del Poder Judicial mantiene todavía el reflejo de la mayoría absoluta del PP en la legislatura que se inició en 2000 y terminó en 2004. El Gobierno socialista impulsó en 2006 una reforma legal para exigir mayorías cualificadas en las decisiones trascendentes, precisamente para amortiguar esa clara mayoría conservadora.

PSOE y PP han negociado desde la pasada legislatura pero, hasta el pasado julio, Zapatero y Rajoy no pudieron cerrar más que un acuerdo de reparto de cuotas: nueve vocales para cada uno de los partidos mayoritarios, otro para el PNV y otro para CiU. Ahora, los dos portavoces, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, han cerrado los nombres definitivos que se conocerán mañana.

En esa composición -que da paso a los dos partidos nacionalistas, con los que el PSOE quiere cerrar acuerdos- y en algunos de los nombres que se apuntan se aprecia un marcado cariz político. Por ejemplo, los nacionalistas vascos proponen a Margarita Uría, ex diputada a la que en la anterior renovación vetó el PP, y los nacionalistas catalanes a Ramón Camp, muy significado como ex diputado, ex senador de CiU, ex vicepresidente del Parlamento de Cataluña y uno de los ponentes del Estatuto catalán en el Congreso. En la lista del PSOE es segura la presencia de Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y ex secretaria de Estado de Interior.

La designación de los 12 miembros del Consejo de procedencia judicial está limitada por los 36 nombres que propusieron hace dos años de manera proporcional a sus afiliados las asociaciones de jueces. Con ese margen, el PSOE trasladó al PP en la anterior legislatura seis nombres: Félix Azón, Miguel Carmona, Inmaculada Montalbán y Margarita Robles, de la asociación minoritaria y progresista Jueces para la Democracia; y Manuel Torres Vela y Andrés Martínez-Arrieta, de la moderada Francisco de Vitoria. Además de Robles, se da por segura la presencia de Montalbán, vinculada a la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género. Fuentes socialistas aseguran que habrá pocos cambios sobre esos nombres.

Para los otros ocho vocales, elegidos entre juristas de reconocido prestigio, el PSOE manejó en su momento los nombres de la fiscal Almudena Lastra y del abogado José Garrido. Este último podría cambiar, ya que los socialistas intentan en lo posible acercarse a la paridad, aunque descartan cumplirla.

En la lista del Partido Popular el nombre más polémico podría ser el de la magistrada Gemma Gallego, que fue la instructora del caso del ácido bórico, por el que sentó en el banquillo a varios miembros de la cúpula policial que luego fueron absueltos. Gallego ha sido propuesta por la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), pero no es segura su presencia en la lista definitiva.

Otros nombres barajados por el PP son Manuel Almenar Berenguer, presidente de la Audiencia de Pontevedra; Pío Aguirre Zamorano, presidente de la Audiencia de Jaén; Santiago Martínez-Vares, magistrado del Supremo, y Felisa Atienza, de la Audiencia Nacional. En el turno de juristas, fuentes no oficiales del PP aseguran que se ha manejado el nombre del ex diputado Andrés Ollero. En algunos medios se barajó el nombre de Ignacio Astarloa, diputado del PP y ex secretario de Estado de Interior, pero ayer mismo lo desmintió a este periódico.

Los candidatos deberán pasar el trámite de audiencia en la Comisión de Nombramientos del Congreso y serán elegidos en el pleno de esa misma Cámara del día 15 y, al día siguiente, en el del Senado. El 29 estarán en la apertura del año judicial. Para el día 22 está previsto que Francisco José Hernando cierre su etapa con la firma de la sentencia de ilegalización de ANV y PCTV como presidente de la Sala del 61. Ese trámite ha retrasado un mes la renovación.