Doble demanda de salvavidas con GPS en un año

Salvamento Marítimo ha recibido en lo que va de año 5.373 peticiones de ayudas para adquirir radiobalizas y chalecos salvavidas dotados con sistemas de localización GPS. Es más del doble de las solicitudes registradas en todo 2007, cuando la suma de las demandas de armadores, cofradías de pescadores y particulares apenas superaron las 2.600. Estos dispositivos permiten enviar directamente a los operativos de rescate información sobre la posición de un tripulante en caso de emergencia. Los supervivientes del naufragio del Nuevo Pepita Aurora han confirmado que la mayoría de sus compañeros ni siquiera llevaban los chalecos tradicionales en el momento del accidente.

La adquisición de este material está subvencionada desde el año 2006 gracias a un acuerdo entre los ministerios de Fomento, Pesca y Trabajo con el objetivo de mejorar la seguridad de los pesqueros. El pasado año, las ayudas destinadas a este fin ascendieron a casi tres millones de euros. El programa de subvenciones finalizará en diciembre.

Junto a estos equipos, otras medidas han hecho que desde hace un año la seguridad laboral de los marineros se haya visto aumentada. Se han intensificado, por ejemplo, las inspecciones a los barcos, que ahora son más frecuentes y más estrictas. Diego Salvatierra, patrón de costa en Barbate (Cádiz), asegura que los agentes de la Guardia Civil se muestran más rígidos en estas revisiones: "Hay muchas más, de inspección Pesquera y de la Guardia Civil. Incluso se embarcan a bordo cuando vamos navegando. A mí me han obligado a atracar en el muelle de El Puerto de Santa María para enseñarles los papeles, pasar lista de todos los trabajadores y comprobar en el ordenador si estaban dados de alta".

El abogado de las viudas del Nuevo Pepita Aurora, Ramón Dávila, lo confirma. "Ahora hay más inspecciones in situ, que es lo que no se hacía antes. Las recomendaciones hechas hace años por la Comisión de Siniestros Marítimos no se seguían antes del naufragio de Barbate; después, todo ha cambiado". Es uno de los puntos que Dávila pretende esclarecer en el proceso judicial. "En caso de que quede demostrado que hubo omisión de las autoridades en su deber de controlar y vigilar las embarcaciones para certificar su seguridad, pediremos responsabilidades", anuncia el abogado.