Cultura dice que el censo que reclama Garzón llevará años

Elaborar un censo de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, como pretende el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para decidir si admite las denuncias de las asociaciones de memoria histórica, podría llevar años. La Administración, a la que el juez ha solicitado "documentación para la finalidad de la identificación o enumeración de los casos de desaparición de personas a partir del 17 de julio de 1936 y que continúan hasta el día de hoy, detallando la circunstancia de la desaparición, en la medida de lo posible", no puede darle a Garzón ese listado de nombres.

El Ministerio de Defensa todavía no ha respondido a la primera providencia de Garzón, del pasado 23 de junio, y "estudia en estos momentos una respuesta a la última", del 28 de agosto, según explicó ayer un portavoz. El Ministerio de Cultura manifiesta su "total colaboración con la justicia", pero se limitará a remitir al juez lo único que le puede facilitar en estos momentos, un listado del contenido de los archivos con los que cuenta el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (Madrid), archivos que no pueden facilitar un listado de nombres de desaparecidos.

"El Fichero General contiene tres millones de fichas de nombres de personas que sufrieron la represión, pero toda esa información no está informatizada, está sin tratar y además, está realizada con fines represores, no archiveros, por policías, no por profesionales, por lo que tendría que ser contrastada", explica Rogelio Blanco, director General del Libro de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

Para elaborar esa lista de desparecidos sería necesario cruzar multitud de archivos, un proceso "costoso, difícil y delicado", añade Blanco. "El Fichero General se crea al terminar la guerra, en 1940. Desde entonces, sólo se ha tratado hasta la letra G. Si en 50 años estamos donde estamos, ¿qué podemos hacer en 15 días? Además, esos tres millones de fichas policiales están organizadas por legajos, no por nombres, que son el objetivo de esta investigación. Recientemente publicamos una investigación sobre los presos de Mauthausen. Eran unos 4.000, los investigadores tardaron unos ocho años en el trabajo y está incompleto", añadió Blanco a modo de ejemplo. Éste señala que además puede haber problemas con el derecho a la intimidad, ya que las fichas incluyen datos personales.

Para el historiador Julián Casanova, que ha visitado en multitud de ocasiones cada uno de los archivos relacionados con la Guerra Civil y el franquismo "la Administración no puede satisfacer la petición de Garzón porque eso requeriría una comisión nacional de investigación, que ocho o nueve años después, tampoco podría garantizar un informe completo sobre desaparecidos, es decir, las cerca de 20.000 personas, casi todas asesinadas en el verano de 1936, el terror caliente, sin que nadie registrara su muerte".

No obstante, el historiador afirma: "Lo que sí se puede hacer, y además, está casi hecho, es un censo de las cerca de 150.000 víctimas de la Guerra Civil, represaliados, fusilados o ejecutados tras juicios sumarísimos, de los que sí hay actas de defunción, expedientes de depuración... Los investigadores hemos tardado 25 años en hacer ese censo, provincia por provincia, archivo por archivo. Bastaría con que Garzón pusiera a un grupo de especialistas a trabajar durante un año, provincia por provincia con un protocolo de investigación, para completarlo".

[La Fiscalía no depende jerárquicamente del Gobierno, como dijo ayer este periódico. Es un órgano constitucional con personalidad jurídica propia, y que se integra con autonomía en el Poder Judicial].