¿Un caballo de Troya?

La rueda vuelve a girar. Ya está aquí el curso político y su raca-raca. Y que el curso escolar está a punto de arrancar se nota, entre otras cosas, porque se reanima la polémica sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía. Esta materia, obligatoria para un curso de primaria, dos de secundaria y uno de Bachillerato (donde se funde con la anterior asignatura de Filosofía, quitándole contenidos propios a ésta) se empezó a implantar el curso pasado en algunas comunidades. Es ahora, sin embargo, va a ser obligatoria en todas (incluida Euskadi), a pesar de que en algunas gobernadas por el PP, opuesto a la materia, se esmeran en inventar subterfugios para que no se dé o se dé como si no se diera (que si darlo en inglés, que si sustituirlo por un trabajo voluntario...).

Es cuestionable que los padres tengan la exclusividad de la educación en valores

La asignatura hará historia, pues es la primera (pero una vez abierta la veda, no la última, seguro) que ha provocado una activa campaña a favor de la objeción de conciencia. ¿Y por qué? El lema elegido por las asociaciones de padres objetores es suficientemente explícito: "Porque no quiero un caballo de Troya en mi casa; porque la moral, a mis hijos, se la enseño yo". En efecto, por ahí camina el grueso de la acusación: que la asignatura es un medio de adoctrinamiento moral y político en manos del Estado.

¿Algo que objetar a los objetores? Pues sí. En primer lugar, es evidente que la familia no es la única que enseña valores a los jóvenes. Difusa o indirectamente, es toda la tribu la que se encarga de ello: los amigos, los medios de comunicación, los personajes públicos. Vivir, por ejemplo, en un barrio de cuyas paredes cuelgan decenas de fotos de etarras venerados como héroes nacionales, y que nadie se atreve a tocar o a arrancar, también enseña una serie de valores morales y políticos. La escuela tampoco deja nunca de educar en valores, evidentemente, porque formar es en primer lugar educar en valores. Lo que pasa es que se puede hacer de manera transversal, de tapadillo, o de manera explícita, convirtiéndolo en materia de estudio, discusión y argumentación.

Los padres tienen el derecho de formar a sus hijos según su conciencia, sus principios y sus creencias religiosas. Lo que es cuestionable es que tengan la exclusividad de esa educación explícita en valores. En una sociedad pluralista como la nuestra, las concepciones sobre la vida buena -sobre la que suele girar la formación familiar- son numerosas. El Estado ha de ser neutral respecto a estas doctrinas del bien privado, pero no puede serlo, en absoluto, respecto a las del bien público. Precisamente, para que cada cual pueda llevar a cabo su proyecto de vida buena, ha de tomar la responsabilidad de educar a los ciudadanos en unos valores comunes, que hagan posible la convivencia pacífica, libre e igualitaria. Y ha de enseñar asimismo las bases y los principios en los que se asienta la democracia y el Estado de derecho. De modo que si a los padres les incumbe esmerarse en hacer de sus hijos buenas personas; al Estado le incumbe hacerlos buenos ciudadanos.

Hasta ahí la teoría. Otra cosa es en qué condiciones y cómo se aplique la materia. Cada autonomía (y después cada editorial, cada centro, cada profesor) remodela como quiere las directrices del Estado. No es de extrañar, por tanto, que más de uno vea otro tipo de caballo de Troya en la asignatura... Volveremos a ello.