Con el paso cambiado

Llevamos algún tiempo sin hablar de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Creía que su permanencia en los tribunales había dado lugar a una época de cierto sosiego y tranquilidad; se quedaba a la espera que el Tribunal Supremo, que es el órgano que da uniformidad a las resoluciones judiciales de los tribunales de las distintas comunidades autónomas cuando son contradictorias, decidiera cuál de ellas es conforme a Derecho. Además, el verano ha terminado y se presume que se ha descansado. De otro lado, los padres, sean biológicos, políticos o episcopales, estarían ocupados con el síndrome posvacacional; la asignatura estaría en un segundo plano. Sin embargo, no es así.

La asignatura vuelve por sus fueros, de nuevo toma actualidad y a provocar polémica. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha encargado de ello. No es nada nuevo en esta presidenta; sus salidas de tono son conocidas. Lo mismo se da un paseo por su grupo para destrozar, si no se siguen sus criterios, a Mariano Rajoy, que pone en tela de juicio todo un hospital, como el de Leganés, o se coloca el uniforme de su moral y se va a su particular cruzada para niñas y niños, cambiando asignatura por el voluntariado. Nada nuevo. Hay personas que lo suyo es destacar pasando por encima de lo que sea menester.

Aquí, en Andalucía, al menos, tenemos la tranquilidad de que a su compañero de filas, Javier Arenas, sólo le ha dado este verano por ser niño playboy por la jet marbellí. No le ha dado por decir que hay que aplicar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Andalucía. Pienso que tiene otras luces; entre éstas que la extensión a todo el territorio nacional de una sentencia se reserva a las que dicta el Tribunal Supremo y afectan a leyes del Estado para toda España. Es razonable, legal y ético que sea así.

Nadie, al margen del Parlamento y de la ley -y al margen se está cuando la Ley Orgánica para la Educación está vigente y la sentencia del TSJA en que se apoya sólo afecta a las partes en el proceso- puede imponer su política a la del Estado en cuanto al contenido de los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos. Y esto, por mucho que se quiera enfocar de otra manera, es lo que está diciendo y haciendo esta presidenta con vocación de caudilla en su comunidad, intentando que su ejemplo y su arbitrariedad se traslade a otras comunidades. Intento vano. Esta sociedad se rige por leyes.

Educación para la Ciudadanía está regulada en la Ley Orgánica para la Educación. Su exposición de motivos, que es la que resume las causas y finalidad de la ley, dice que el objetivo de la EpC es "ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión y estudio acerca del funcionamiento democrático, de los derechos establecidos en la Constitución y en las declaraciones universales de los derechos humanos universales...". No parece, pues, que desde el punto de vista legal, judicial o democrático, tenga base alguna la decisión política de esta presidenta.

Su acogida, si la tiene, sólo puede responder a la intención de algunos de mezclar conscientemente enseñanza religiosa y Educación para la Ciudadanía; un intento de imponer la moral individual y personal, de cada individuo, por encima de los valores y principios de la sociedad.

Es, en realidad, situarse al margen de la ley; ir con el paso cambiado, como esos padres que asisten a la jura de bandera de su hijo y dicen: "Mira, todos van con el paso cambiado menos nuestro hijo". Así actúa esta presidenta en su grupo y gobernando. Hay que ir como ella mande; con su ritmo y con sus objetivos. Un encanto para la democracia y para sus compañeros de grupo; y, si no, que le pregunten al Parlamento, que es quien dicta las leyes en democracia, o a Mariano, Alberto o Javier, entre otros.