La falta de información obstaculiza el acceso al aborto en la red pública

Alina P. estaba pendiente de un doble trasplante cuando se quedó embarazada. Seguir adelante con la gestación ponía en riesgo su vida. Esta rumana de 33 años vive sola en Madrid y sabía que con su falta de medios y su mala salud no podría afrontar el embarazo. Le dijo a su médico que quería abortar. Éste observó su historial clínico, se encogió de hombros y respondió que mirara los anuncios de los periódicos. Allí encontraría varias clínicas privadas a las que acudir.

La ausencia de un método claro facilita la objeción de conciencia encubierta

Esta mujer, como muchas otras, no recibió la información que necesitaba. Ninguna comunidad dispone de un protocolo de información sobre abortos en los centros públicos. No existen pautas que el profesional deba seguir para facilitar a la mujer el acceso a este servicio, que se recoge en la cartera de prestaciones del sistema nacional de salud. Así, estos profesionales se convierten en el primer gran filtro para que las mujeres aborten en la sanidad pública. En 2006 sólo un 3% de los más de 100.000 abortos se hicieron en hospitales públicos.

"Esa falta de información es una de las cosas que obstaculiza que las mujeres aborten en la sanidad pública", asegura Luisa Torres, portavoz de la Clínica Dator de Madrid. En 2006 sólo el 44% de las mujeres que se sometieron a una interrupción del embarazo se informaron en un centro público. El resto acudió a una clínica privada o a otros medios como Internet o anuncios clasificados, como le aconsejaron a Alina. Este profesional no derivó a la mujer a un trabajador social o a un centro de planificación familiar, a pesar de que se encontraba dentro de uno de los supuestos que marca la ley (violación, malformación fetal o riesgo para la salud de la madre).

Para Torres -que lleva más de 20 años trabajando con mujeres que se someten a esta intervención- tras muchos de estos casos de desinformación existe una objeción de conciencia encubierta. "La falta de regulación en la objeción de conciencia y la inexistencia de unas pautas de información específicas facilitan la manipulación y la ocultación de información", sostiene. Esa carencia de un protocolo específico y el propio desconocimiento lleva a muchas mujeres a costear de su bolsillo una intervención que suele rondar los 300 euros. Además de que seis comunidades -Navarra, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía- no disponen de centros públicos donde abortar, muchos médicos tampoco derivan a las mujeres a clínicas concertadas. "Al final son ellos la mayor parte de las veces los que deciden si enviar a una mujer al trabajador social o a un centro de planificación familiar para que pueda beneficiarse de estos conciertos", critica el trabajador social Juan Francisco Reyes.

Gimeno y Torres aseguran que la reforma legislativa sobre el aborto que se estudia se quedará coja sin este protocolo de información. "Si no eliminamos ese primer filtro cualquier modificación de la normativa actual será inútil", dicen. "Si las mujeres acudieran a los centros de planificación familiar además aprenderían a tomar precauciones para no volver a tener un embarazo no deseado", piensa Beatriz Gimeno, portavoz de la Plataforma por una Ley de Aborto (PLA).

El Gobierno no ve necesario protocolo alguno: "La interrupción del embarazo es una prestación sanitaria más, que no precisa de protocolos específicos de información, sino que el personal sanitario, que tiene la información sobre los recursos, debe valorar cada caso y transmitir adecuadamente la información", sostiene Concha Colomer, directora del Observatorio de Salud de la Mujer. Para 9.205 de las mujeres que se sometieron a una interrupción del embarazo en 2006 ése no era su primer aborto. Y sólo en torno al 40% de las mujeres que pasaron por esta intervención había acudido antes a planificación familiar.