El PSOE no cierra el Tajo-Segura pero reducirá al mínimo el caudal

- Propondrá al PP retirar del estatuto manchego la caducidad del acueducto - A la vez, el nuevo plan del Tajo consume casi toda el agua del trasvase

Legalmente el trasvase Tajo-Segura no tiene los días contados pero en la práctica está abocado a una larga agonía. El PSOE planea retirar en el Congreso el artículo del estatuto de Castilla-La Mancha que fija la fecha de caducidad del acueducto en 2015. A la vez, la Confederación del Tajo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, prepara un plan de cuenca que aumenta las dotaciones para Castilla-La Mancha y Madrid y apenas deja margen para trasvasar agua. Es decir, el trasvase se mantendrá, pero se reducirá drásticamente su caudal. Sólo en caso de que la sequía amenace el abastecimiento en el Levante, el Gobierno tirará del Tajo para abastecer a Murcia y Alicante, para lo que esgrimirá el abortado trasvase del Ebro a Barcelona.

La opinión de la comunidad no será vinculante ante un trasvase
El Ejecutivo esgrimirá el trasvase a Barcelona en caso de emergencia
El PP se reserva su posición porque Cospedal pactó el texto con Barreda
Puig, candidato a liderar el PSPV: "La cláusula es dañina y negativa"

El PSOE tiene decidido que enmendará el estatuto en su trámite parlamentario, especialmente los artículos referidos al agua. El proyecto de estatuto, -pactado entre el PSOE y el PP de Castilla-La Mancha en la pasada legislatura- empezará su trámite en el Congreso en octubre.

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Los cambios previstos por el PSOE afectarán al menos a los artículos que atribuyen a la comunidad la capacidad de veto sobre las decisiones referidas al agua y la disposición que establece en 2015 el final del trasvase.

Los socialistas prevén negociar en septiembre con el PP y con el Gobierno de Castilla-La Mancha, del PSOE. El Grupo Socialista explica que el objetivo es dejar claro que las competencias sobre agua son del Estado. El argumento principal de los socialistas para rebajar el texto es que "un estatuto autonómico no puede decidir sobre una infraestructura de titularidad estatal". La Constitución deja claro que la planificación hidrográfica es competencia del Gobierno cuando afecta a varias comunidades.

El PSOE busca fórmulas que sustituyan la fecha de caducidad aunque dejen claro que Murcia y Alicante tenderán a ser autosuficientes. El texto de partida será una enmienda a la Ley del Plan Hidrológico de 2005 que dice que se reducirán los caudales trasvasados conforme entren en funcionamiento las desaladoras, algo que comenzará a ocurrir en 2009. El texto lo aceptaron los presidentes afectados: José María Barreda Barreda, del PSOE, y Ramón Luis Valcárcel, del PP.

Así, con la puesta en marcha en los próximos meses de las desaladoras, que pueden aportar 314 hectómetros, el trasvase se reducirá drásticamente. Aunque legalmente se pueden trasvasar hasta 600 hectómetros cúbicos al año, esa cifra sólo se alcanzó en 2000. Los últimos dos años los trasvases no han alcanzado los 200 hectómetros. Las necesidades del Tajo se están revisando ya para el próximo plan de cuenca, que debe aprobarse en 2009. La confederación hidrográfica ha presentado una propuesta en la que se bebe los embalses de los que parte el trasvase, de forma que no queda casi nada para trasvasar.

El plan de cuenca del Tajo prevé aumentar el caudal ecológico en Aranjuez, el principal condicionante para trasvasar. Actualmente ese caudal ecológico -que determina el agua que discurre por Toledo- es de 189 hectómetros cúbicos al año y con sequía se cumple a muy duras penas. El plan prevé hasta duplicar ese caudal ecológico (o aumentarlo entre un 40% y un 110%, aún es un proyecto). Esto obligaría a desembalsar mucha más agua desde Entrepeñas y Buendía hacia Madrid y, por tanto, ese caudal no podría ir a Murcia. El presidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, Francisco del Amor, sentencia: "Con ese plan de cuenca no hace falta estatuto, no quedaría agua para trasvasar".

Además, el plan contempla nuevas concesiones de regadíos en el Tajo, un trasvase para consumo en el Guadiana, y más agua para las nuevas urbanizaciones en Toledo y Madrid (aunque en este caso saldrán de la modernización de regadíos). El resultado es que, en un año medio, únicamente quedarían 40 hectómetros cúbicos para trasvasar, cuando sólo la demanda de consumo en Murcia y Alicante de agua del Tajo supera los 150 hectómetros al año. El plan nace condicionado por la cruda realidad. Desde los años 80 la entrada de agua a los pantanos de Entrepeñas y Buendía "se ha desplomado. Antes entraban más de 1.000 hectómetros al año, pero ahora, un año medio no llega a los 800", explica un fuente implicada en la planificación del Tajo.

Pero el Gobierno considera que no habrá restricciones en el Levante gracias a las desaladoras. Y en caso de que la sequía sea extrema y el consumo se vea amenazado (más de dos millones de personas beben agua del Tajo en el sureste), Medio Ambiente recurrirá al precedente de Barcelona para trasvasar agua. El decreto ley que aprobó el trasvase urgente del Ebro a Barcelona el pasado abril ya fijó que adoptaría "análogas medidas en circunstancias excepcionales". Los agricultores de Murcia y Alicante que utilizan agua del trasvase podrán ser compensados y, además, sí podrán comprar derechos de agua a regantes de la cuenca del Tajo. Así, el Ejecutivo se elimina el problema de decidir cada tres meses si trasvasa agua y para qué fines.

El Grupo Socialista modificará también otro artículo del estatuto, en la línea de lo que se hizo con el de Aragón y con el de Cataluña en la pasada legislatura, el primero con acuerdo con el PP. En ambos casos se calificó de preceptivos y no determinantes los informes de la comunidad, de forma que sus competencias se supeditan siempre a las del Estado.

El PP asegura oficialmente que aún no tiene decidido si enmendarán el proyecto de estatuto y que deben estudiar su posición. No obstante, la dirección del partido ya aseguró en la anterior legislatura que modificaría en las Cortes esos artículos. La novedad es que la número dos del PP es ahora María Dolores de Cospedal, también líder del partido en esa comunidad. Ella pactó el proyecto de estatuto con José María Barreda, presidente de la Comunidad. Si fuera modificado ahora tendría que votar como senadora un texto distinto al que acordó en la anterior legislatura. Ayer Cospedal afirmó que el PP "hará lo que tenga que hacer".

El PP tiene difícil mantener los artículos del estatuto tal y como se pactaron en Castilla-La Mancha, porque tiene recurridos otros mucho menos determinantes sobre las competencias de agua del de Cataluña.El texto es contradictorio con el del recurso que redactó su actual portavoz en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría. Incluso, lo que aceptó el PP para Aragón es similar a lo que recurrió sobre Cataluña.

Otro condicionante del PP es que el portavoz ahora en la Comisión Constitucional, ponente de este partido en las reformas estatutarias, es Manuel Pizarro, procedente de Aragón, comunidad contraria a los trasvases. En el PSOE, algunos de los candidatos a liderar el partido en la Comunidad Valenciana han hecho mención expresa a su rechazo al texto del estatuto de Castilla-La Mancha. Es el caso de Ximo Puig, quien en un multitudinario acto aseguró anteayer que la cláusula del estatuto de Castilla-La Mancha es "dañina y negativa". Los socialistas tienen 14 diputados de la Comunidad Valenciana.

El estatuto y la ley

- El proyecto de estatuto dice que el "Estado y Castilla-La Mancha velarán para que el volumen de agua trasvasable del Tajo al Segura se reduzca progresivamente (...) hasta su definitiva extinción, que, en todo caso, se producirá en 2015" y que "la Junta emitirá un informe preceptivo y determinante sobre cualquier propuesta de trasvase, transferencia, cesión o intercambio de agua".

- Ley del Plan Hidrológico de 2005: "El volumen trasvasable desde la cabecera del Tajo se revisará en el futuro, oídas las comunidades afectadas, a medida que el Gobierno lleve a cabo las inversiones precisas para que resulten adecuadamente satisfechas las necesidades de la cuenca del Segura".

- El decreto ley que en abril aprobó el trasvase del Ebro a Barcelona fijó que el Gobierno adoptaría "análogas medidas (...) para garantizar el abastecimiento de otros ámbitos territoriales cuando, por circunstancias excepcionales de sequía extrema, se produzcan situaciones de emergencia similares".

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