Bienestar Social admite atrasos de ocho meses en el pago de bonos residencia

Alrededor de 200 personas mayores a las que la Consejería de Bienestar Social les ha concedió el bono residencia no han cobrado ni un duro. Se trata, según la documentación en poder de EL PAÍS, de personas que ya tenían concedida la subvención por la que la Generalitat financia hasta el 50% de la plaza en una residencia y a las que, en los casos más dramáticos, se les adeuda hasta 4.000 euros. La consejería reconoció ayer que de "los 3.467 bonos residencia autorizados (tanto a personas que tienen reconocida la dependencia como si no) un 5% o 6% cobran habitualmente después del verano".

La Administración garantiza que "todos cobrarán". Pero no aclara las razones de peso para que, en determinados casos, se acumulen ocho meses de atrasos ya que la orden que regula la concesión de las ayudas se emitió el 28 de diciembre de 2007.

El presupuesto es de 31,4 millones, y hay familias a las que se debe 4.000 euros

La convocatoria en vigor precisa que el bono está dirigido "a beneficiarios de las ayudas en convocatorias anteriores que permanezcan ingresados en centros residenciales" y que, además, "no disponen de medios suficientes para hacer frente al coste real de una plaza residencial". Razón por la cual los afectados se han quejado expresamente de "lo inexplicables que resultan los retrasos en los pagos que acumula la Generalitat, cuando sí parece que hay dinero para grandes eventos como el circuito de la Fórmula 1". Fuentes de la consejería admiten el "malestar" causado entre los afectados.

Pero, en puridad, la Generalitat se arroga la potestad jurídica de retrasar el pago hasta final de año. La orden que regula las ayudas especifica: "El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses contados desde la fecha en que se hagan públicos, mediante resolución del consejero de Bienestar Social, los créditos con que se financian las ayudas, así como la cuantía de los mismos". Hecho que no se publicó en el DOCV hasta el pasado 16 de julio, con lo que puede emplear hasta seis meses en pagar.

La consignación presupuestaria asciende a 31,6 millones de euros -entre el 50% que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el 50% del Consell- y responde a partidas finalistas, que no pueden ser destinadas a otros asuntos.