La Agencia Tributaria inspecciona a RTVV por irregularidades fiscales

El informe de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2007 de Ernst & Young advierte a Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) de posibles irregularidades por parte de Canal 9 y Ràdio 9 en la liquidación de los impuestos de Sociedades y del IVA. RTVV, ente público, y las mercantiles Canal 9 y Ràdio 9, sociedades anónimas, tienen abiertos a inspección los últimos cinco ejercicios fiscales. Ernst & Young advierte de un posible desajuste. Según recoge en su informe, Canal 9 y Ràdio 9 se habrían deducido impuestos al amparo de un contrato de arrendamiento de servicios con el ente que no ha sido legalmente registrado. Según consta en el documento, el ente público se encuentra exento del impuesto de sociedades en atención a lo que señala la ley 43 de 27 de diciembre de 1995. Sin embargo, Canal 9 y Ràdio 9 "se encuentran sujetas y no exentas a dicho impuesto". Pero la liquidación ofrece dudas para Ernst & Young y no considera suficientemente sólidas las explicaciones de RTVV.

En el epígrafe "Riesgos derivados de operaciones vinculadas", la auditora explica que RTVV firmó el 11 de noviembre de 1998 un contrato con Canal 9 y otro con Ràdio 9 "para la prestación de servicios y cesión de instalaciones". RTVV, por su parte, prestaría "servicios económico-financieros, recursos humanos, gestión de compras, marketing y la cesión de las instalaciones del complejo de Burjassot y de la avenida de Blasco Ibáñez". Ernst & Young afirma que la Administración Tributaria puede entender que esos servicios se encuentran dentro de los que recoge el artículo 16.5 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Y, siendo así, la deducibilidad fiscal de esos servicios.

Pero para ello, la relación entre el ente y las sociedades tiene que estar sujeta a unos requisitos: un contrato suscrito antes de la prestación de servicios que recoja los criterios de distribución de los gastos incurridos, que especifique la naturaleza de los servicios a prestar y que establezca el método de distribución de los gastos atendiendo a criterios de continuidad y racionalidad. El contrato existe, pero no ha sido registrado públicamente. Es un documento entre partes que puede ser invalidado por Hacienda.

Según la auditora, el contrato establece que las prestaciones de servicios se retribuirán aplicando un 8% en el caso de TVV y un 2% en el caso de Ràdio 9 sobre el importe total de los gastos de funcionamiento de RTVV, habiendo tenido en cuenta las amortizaciones anuales del inmovilizado cedido a la televisión y a la radio públicas autonómicas.

En el mismo documento, afirma que no consta "fehacientemente la suscripción de los mismos

[los servicios de cada una de las partes] con carácter previo, a pesar de estar incluidos en un libro de contratos del grupo". Y se cita el artículo 1.227 del Código Civil, que afirma que la fecha de un contrato privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, por lo que la Administración Tributaria podría cuestionar la concurrencia del requisito de suscripción de los contratos con carácter previo. Es decir, puede no dar por bueno el contrato suscrito.

Miguel Mazón, miembro del consejo de administración de RTVV a propuesta de los socialistas, afirmó ayer que, "esta situación demuestra una vez más los sucesivos incumplimientos de la normativa en los que incurre la dirección de la televisión autonómica valenciana". Y agregó que en el consejo de administración se ha pedido en reiteradas ocasiones a la dirección que facilite el conjunto de los contratos suscritos por el ente y sus sociedades. "Sin embargo, el oscurantismo al que nos tienen acostumbrados evita que accedamos a una información que, como se demuestra en este caso, dejaría en evidencia las irregularidades que se cometen", comentó. "Una vez más le pedimos al director general que se haga responsable y que facilite la realización de una auditoría integral que realmente nos diga como está la televisión pública de todos los valencianos", exigió.