Chaves mantiene la previsión del pleno empleo en 2013 pese a la crisis

Optimismo heroico frente a la tormenta. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, aseguró ayer que mantiene la previsión de alcanzar el pleno empleo en 2013. "Estamos resistiendo la crisis mejor que otras comunidades y la economía andaluza recuperará su velocidad de crucero en 2010", vaticinó. La previsión lanzada ayer por Chaves llega en mitad de un aluvión de malas cifras económicas y con el incremento del paro como columna vertical de la crisis. Tras 13 años ininterrumpidos de crecimiento económico, la tasa de desempleo ha pasado del 12% de principios de año al 16,2% actual. Y ningún dato apunta a que se avecine un vuelco en la tendencia.

Chaves se reunió ayer con los dos vicepresidentes y otros cinco consejeros para analizar la crisis y la eficacia de las medidas de impulso puestas en marcha por la Junta. El balance, según el presidente, es positivo. Chaves recordó que las medidas adoptadas este año han supuesto una inversión pública y privada de 8.100 millones. Además, la licitación de obra pública "se ha disparado" en la primera mitad del año hasta alcanzar los 2.053 millones, cifra mayor al total invertido en 2007.

Unas 2.000 viviendas pasarán de libres a protegidas para animar el mercado Chaves admite que la financiación autonómica dificulta la deuda histórica

A partir de ahora, la Junta suma "un plan de salvamento" para todas las empresas, especialmente las pymes, que estén a punto de quebrar. Este plan de la Consejería de Innovación y Empresa ofrecerá a las empresas ayudas de hasta 10 millones para evitar su cierre. Chaves explicó que para optar a esta subvención, con fondos de la UE, el Estado y la Junta, cada empresa deberá presentar un plan de viabilidad.

La mayoría de las medidas urgentes están destinadas a frenar la escalada del paro, que ya alcanza los 589.360 desempleados, más del 20% del total nacional. Chaves esgrimió que la tasa de paro interanual ha sido peor en otras comunidades. "No me puede servir de consuelo porque luego me acusan de triunfalismo", admitió.

Entre estas medidas destaca el anuncio de una oferta pública de adquisición de suelo para vivienda protegida en los 30 municipios con mayor demanda, así como la rebaja del coeficiente de habitabilidad de la VPO, de 2,7 a 2,4, para lograr que aumente su construcción. La idea es reconvertir más de 2.000 viviendas libres en protegidas, y fomentar el alquiler con opción a compra para revitalizar la palidez del mercado. Respecto a la falta de liquidez de los bancos y cajas, Chaves aseguró que es "consciente del problema". Asimismo, se reducirán los trámites para la aprobación de los planes de ordenación y calificación de la vivienda protegida. Además, se pondrá en marcha un programa de rehabilitación en 200 municipios, que con un presupuesto de 200 millones, prevé la contratación de unos 5.000 trabajadores.

El sindicato Comisiones Obreras pidió ayer a la Junta que pase "de las palabras a los hechos para emprender un plan de choque efectivo", según el responsable de Economía Social, José Lagares. "Para la recuperación del mercado laboral sólo hay que poner en marcha proyectos como La Ley de Dependencia y acuerdos en torno al Plan de Vivienda", añadió Lagares.

Chaves se reunirá con la oposición (PP e IU), los sindicatos y los empresarios en las próximas semanas para tomar la temperatura a la crisis y consensuar soluciones que rebajen la fiebre ascendente.

Respecto a la deuda histórica, Chaves admitió que las dificultades del nuevo sistema de financiación autonómica, unidas a la crisis, dificultan el acuerdo con el Gobierno central, fijado para el próximo 20 de septiembre por el Estatuto de Autonomía, tras 26 años de incumplimiento.

El presidente recordó ayer que el Estatuto recoge "cierta flexibilidad" y un plazo de tres años para el pago de la deuda, con el horizonte de marzo de 2010 como tope. La disparidad de la cifra que abonaría el Estado a la Junta, es llamativa. Después del adelanto de 420 millones, el pago reclamado oscila entre los 3.500 millones que reclama el PP, hasta los 7.500 millones que exige Izquierda Unida. Fuentes del Gobierno redujeron ayer la cifra a una horquilla entre mil y 1.500 millones.