Alicante tendría el mayor número de extracomunitarios con derecho a voto

Un total de 61.708 extranjeros extracomunitarios podrán votar en las próximas elecciones municipales, si entran en vigor los tratados de reciprocidad. Por provincias, Alicante contará con mayor número de estos inmigrantes con derecho al voto, un 31.108 personas, seguidos de Valencia y Castellón, con 24.606 y 5.994, respectivamente, según informó ayer la Generalitat.

Los colombianos, argentinos, chilenos, uruguayos y venezolanos, podrán ser los primeros ciudadanos procedentes de países no comunitarios en votar, tras Noruega, que ya cuenta con ese derecho. La extensión del sufragio electoral a los ciudadanos de estos países se debe a la existencia de tratados de cooperación y amistad que contemplan la extensión del voto y cuyas legislaciones nacionales no impiden votar a los españoles emigrantes.

Esta cifra puede superar hasta los 78.174 posibles votantes en el caso de contar con los otros siete países donde el Gobierno está realizando las gestiones pertinentes para extender el voto en su gira latinoamericana -Bolivia, Paraguay, Perú, Islandia, Venezuela, México y Ecuador-. Esta ampliación situará a Valencia como la provincia con más extranjeros extracomunitarios con derecho al voto, con 46.461, seguida de Alicante y Castellón con 28.538 y 3.175 respectivamente. En la Unión Europea, ya existen nueve países que contemplan en su legislación la extensión del voto a los inmigrantes en las elecciones municipales. Además, el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución por la que se pide a varios países, entre ellos España, para que amplíen el derecho de sufragio activo a todos los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en la Unión Europea.

Al respecto, el consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, señaló que "la integración de los inmigrantes pasa por la extensión de los derechos políticos, por lo que desde el Gobierno valenciano se apoya la extensión del voto en las elecciones locales a los extranjeros residentes en los municipios".

Blasco subrayó que se corre el "peligro" de que el Gobierno "haga uso político de un derecho", lo que "no es un tema del que se deba frivolizar, hablamos de derechos políticos y de una legislación que hoy por hoy exige reciprocidad". El Estado debe buscar la fórmula "para no dar lugar a la discriminación entre inmigrantes", aseguró el titular de Inmigración.