Los tribunales cerraron el año pasado con 105.000 casos sin resolver
Los órganos judiciales de Euskadi cerraron el año pasado con 105.931 asuntos sin resolver, un 0,69% más que el ejercicio anterior, según la memoria del Observatorio Vasco de la Administración de Justicia, disponible en Internet (www.justizia.net/Observatorio). Los tribunales registraron 343.323 asuntos nuevos (+5,6%) y se resolvieron 338.446 casos (+4,26%). Vizcaya sigue siendo la provincia con más asuntos pendientes, con un total de 58.271, pero esta cifra disminuye en un 13,9% con respecto a 2006. En Guipúzcoa y Álava las causas por resolver aumentaron ligeramente, alcanzando los 26.701 y 14.529 casos, respectivamente.
Los juzgados de Primera Instancia son los que más incrementaron el año pasado el volumen de asuntos ingresados, 51.459 en total, un 14,5% más que en 2006. Le siguieron los juzgados Mixtos, los de lo Contencioso-Administrativo y de Instrucción. Los que más asuntos pendientes acumularon fueron los de Primera Instancia, con 25.060 al cierre de 2007.
Por órganos judiciales, destaca la tasa de pendencia (número de asuntos pendientes en proporción al de asuntos registrados) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior, que llega a 135,7, con una dilación media de los mismos de 14,6 meses. Le siguen los juzgados de lo Contencioso, con una pendencia de 77,3 y 9,8 meses de tiempo de espera media, y los juzgados mercantiles, con una tasa de 73,1 y 9,7 meses.
Asistencia a víctimas
Los servicios de asistencia a las víctimas de delitos, integrados por juristas, psicologos y trabajadores sociales, atendieron a lo largo del año pasado 4.320 casos, sumando usuarios de años anteriores y nuevos surgidos en ese ejercicio. De las 2.436 personas que acudieron por primera vez a estos servicios, 2.089 eran mujeres.
El número de sanciones a menores aumentó sólo un 2% en el mismo periodo, con un total de 1.080 sanciones dictadas. La mayoría de ellas, un 41,11%, correspondieron a prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad, seguidas muy de lejos por las de libertad vigilada (18,31%). Las medidas cautelares contra menores implicados en algún delito aumentó un 39,58% con respecto a 2006.
