Sólo uno de cada 1.000 incendiarios llega al banquillo

Provocar un incendio forestal continúa siendo a día de hoy relativamente barato. Ésa es la principal conclusión del informe Incendios forestales ¿El fin de la impunidad?, presentado ayer por Greenpeace. El estudio hace un balance de la persecución judicial a los autores de incendios en bosques desde 1996, un año después de la reforma del Código Penal que pasó a considerarlos delito.

Aunque la ONG valora el esfuerzo de la justicia por agilizar el proceso de persecución a los incendiarios, considera aún insuficiente el número de sentencias dictadas contra éstos.

Siguiendo los datos de Greenpeace, si el incendio declarado ayer a mediodía en el municipio de Chóvar (Castellón) hubiese sido provocado, la justicia tardaría un año en llevar a juicio al responsable. Ése es el promedio de tiempo que pasó en 2007 entre el momento en el que se declararon los incendios forestales y la fecha de la sentencia a los acusados de provocarlos. El informe destaca que este lapso de tiempo se ha reducido sensiblemente en los últimos años.

Ahora bien, continúa habiendo demasiados fuegos cuyos autores quedan impunes. Aunque el número exacto de sentencias por delito de incendio forestal es difícil de saber -sólo existe un registro centralizado de las que dictan las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia y el Supremo-, Greenpeace estima que entre 1995 y 2006 se condenó por ello a casi 600 personas. Muy pocas, teniendo en cuenta que cada año se produce una media de 20.000 incendios.

En palabras de Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace: "Estamos perdiendo la batalla contra el fuego. La justicia debería reforzar la tarea preventiva y endurecer las penas. Hay que considerar punible cualquier imprudencia".

Y es que los incendios por negligencia no acarrean condena alguna. Sólo si se trata de una "imprudencia grave" el delito puede comportar la cárcel, aunque en todo caso se trataría de una "pena inferior". Las condenas máximas por quemar bosques pueden llegar a los 20 años sólo en caso de que sean intencionados y entrañen peligro para la integridad física. No obstante, la pena más severa encontrada por Greenpeace fue de ocho años de cárcel y una multa de 385.000 euros a un hombre que provocó un incendio en 2001 en Ojén (Málaga).

El 78% de las 257 sentencias analizadas por la ONG desde la reforma del Código Penal fue punitiva; el resto, absolutorias. La comunidad autónoma en la que se dictaron más fue Galicia, que también es donde se producen la mitad de los incendios de España.

Frentes en activo

Además del de Chóvar, que el Centro de Coordinación de Emergencias esperaba tener controlado anoche, según informó Efe, varios fuegos continúan activos.

El incendio declarado la semana pasada en los pinares de Castejón de Valdejasa (Zaragoza) y que luego se extendió a Zuera seguía ayer sin ser extinguido, aunque se abrió la carretera autonómica A-1102, que permanecía cerrada desde entonces, informa Concha Montserrat.

En el término municipal de Bozoo (Burgos) aún no se ha logrado apagar las llamas del fuego declarado el pasado lunes, aunque se considera bajo control.

El que sí ha sido extinguido es el incendio detectado el pasado domingo en Puertollano (Ciudad Real), que ha arrasado 105 hectáreas de monte. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha mantiene que fue intencionado, y dio ayer instrucciones a la Guardia Civil para que inicie una investigación, informa Europa Press. Habrá que ver si la justicia consigue llevar ante los tribunales al posible autor.