Bloqueo en la red de San Francisco

El gobierno de la ciudad de San Francisco cambiará la red informática mediante la que administra sus datos, después de que un ingeniero municipal bloqueara el acceso a cualquier persona que no fuera él mismo durante ocho días. El informático Terry Childs, de 43 años, fue detenido el mes pasado. Como administrador de la red municipal, contratado por el Departamento de Tecnología del Ayuntamiento, había creado una clave de acceso para la red que controla la mayoría de bases de datos de la ciudad. En esta red se incluyen los correos electrónicos de los funcionarios, así como sus nombres y nóminas, la integridad de los registros civil y judicial y otra información crucial para el funcionamiento de la ciudad.

Sólo Childs sabía esta clave y se negó a revelarla a nadie más. Mil cien ordenadores municipales quedaron inútiles. El funcionario convertido en pirata ganó acceso ilimitado a todas y cada una de las páginas de información de los servidores locales. Se calcula que las pérdidas del Ayuntamiento durante este bloqueo ascienden a 200.000 dólares (133.000 euros). Después de ocho días en la cárcel, aceptó darle la clave en persona al alcalde de la ciudad, Gavin Newsom.

En junio, el Ayuntamiento había descubierto que Childs había estado accediendo a información clasificada aprovechando su condición de administrador de la red. Además, se había descargado cientos de gigas de información a diversos discos duros. Cuando sus superiores le amonestaron, comenzó a secuestrar todos sus correos y comunicaciones. Se le suspendió de su puesto y, en protesta, decidió secuestrar toda la red. Aunque en este momento se encuentra en prisión, la policía de San Francisco está investigando si permitió el acceso a otras personas que puedan estar planeando otro ataque similar.

Sin embargo, la oficina del fiscal del distrito de San Francisco, bien podría haber creado otro problema de seguridad semejante porque a finales de la semana pasada emitió una serie de pruebas judiciales para inculpar a Childs y, entre ellas, se encontraban 150 nombres de usuarios y contraseñas de otros tantos funcionarios públicos, difundiendo a todos los medios de comunicación datos privados.