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Anticorrupción desmonta en Baleares otra trama de altos cargos de Matas

Cinco detenidos en Mallorca por malversación, cohecho y prevaricación

Nuevo escándalo de supuesta corrupción económica en la gestión del anterior Gobierno balear, presidido por Jaume Matas (PP). El último caso destapado de malversación de caudales afecta de lleno a la antigua cúpula directiva del Consorcio de Turismo Joven y salpica a la ex consejera de Presidencia Rosa Puig.

La Fiscalía Anticorrupción ordenó arrestar ayer a cinco personas: los ex altos cargos Damián Amengual, ex gerente del consorcio, y Juan Francisco Gosálbez, ex jefe de servicios; María Auxiliadora Pérez, esposa de este último; Jaime Cerdà, contable del consorcio -que quedó en libertad tras declarar- y el empresario de la construcción Marcos Pérez Martínez, también libre desde anoche.

La denuncia la presentó el actual Gobierno, presidido por el socialista Francesc Antich, tras un trabajo de auditoria que desveló las supuestas irregularidades.

Pedro Horrach, fiscal anticorrupción de Baleares, analiza la existencia de posibles delitos de malversación continuada de caudales públicos, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsificación documental. Los detenidos se mostraron dispuestos a colaborar durante sus declaraciones de ayer en la comisaría de la Policía Nacional en Palma.

La mecánica de los cohechos por pago de comisiones quedó reseñada por los protagonistas. En algunos casos, las dádivas podrían superar el 30%. Está previsto que los arrestados pasen a disposición judicial hoy y que Anticorrupción eleve una querella criminal mañana.

Turismo Joven se encargaba del circuito de albergues, viajes de estudios de lenguas en el extranjero y rutas internacionales. Se supone que el gerente Amengual y su aliado interno, el primer ejecutivo Gosálbez, idearon una serie de actuaciones para apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos, según la acusación.

La denuncia que se articula detallará que los implicados se aprovecharon de una "falta total" de controles administrativos y financieros sobre su gestión. Amengual, ex gerente y concejal del PP de Algaida, era un simple hombre de paja de Gosálbez.

Los dos dirigentes son acusados por la adjudicación irregular de diversos contratos de alquiler. A través de Grupo Fanodi, una sociedad pantalla en la que Gosálbez figura como titular junto a su esposa, el matrimonio se habría autoalquilado una oficina por valor de 54.000 euros anuales.

La pareja, además, había falsificado supuestamente la fecha del contrato de alquiler para obtener un préstamo bancario de 638.000 euros. Una de las cláusulas del arrendamiento especificaba que, si éste se resolvía antes de seis años, Turismo Joven quedaba obligado a pagar todas las mensualidades pendientes hasta completar ese período. Presuntamente, la trama corrupta había adjudicado a un constructor la reforma integral del mismo local, por valor de más de 180.000 euros.

También se investiga la presunta malversación de 18.957 euros por parte de Gosálbez y su esposa, María Auxiliadora Pérez. A través de su sociedad fantasma, el matrimonio desvió supuestamente esta cantidad, procedente de la Red Española de Albergues Juveniles y destinada a la prestación -nunca realizada- de un servicio de intercambio de jóvenes en el albergue de Alcúdia (Mallorca), en mayo y junio de 2007.

A este rosario de presuntos delitos hay que añadir un registro desproporcionado de gastos personales en viajes, hoteles, gasolina y tintorerías, no suficientemente justificados y que se abonaban, "sin la más mínima comprobación".

Una herencia corrupta

En el verano de 2007 el Gobierno balear multipartito de centro izquierda, presidido por Francesc Antich (PSOE), llegó al poder al tiempo que se marchaba a Estados Unidos el ex presidente Jaume Matas, que no pudo formar Gobierno y no quiso liderar la oposición. Antich no se ha cansado de denunciar el lastre de la deuda financiera millonaria generada por la gestión del anterior ejecutivo del PP.

"Muchos organismos quedaron en quiebra técnica", consta en una causa judicial. La consejería de Hacienda creó una unidad de intervención en cada departamento para detectar las grietas financieras e inspeccionar las cuentas del pasado.

El rosario de causas judiciales que ha brotado en un año contra los altos cargos de la era del ex presidente Matas cuestiona la gestión de aquel gabinete que hizo de la eficacia su bandera. Los agujeros se descubren en departamentos y núcleos de poder formados bajo la sombra y la estricta confianza de Matas y sus consejeros. La trama destapada por Anticorrupción en Turismo Joven puede no ser el último eslabón. Están bajo sospecha los gastos y la partida de la dirección de obra del Palma Arena y los del Consorcio de Desarrollo Económico.

Los mayores escándalos del Gobierno del PP en las islas

- 'Caso Andratx'

Es el mayor caso de corrupción urbanística de Baleares. Fue destapado en noviembre de 2006. Fueron arrestados el alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo; Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear, y condenados a cuatro y tres años y medio de prisión respectivamente por otorgar licencias ilegales. Todavía hay decenas de juicios pendientes.

- Rodrigo de Santos

Fue imputado el pasado abril por supuesta corrupción por malversación de caudales públicos. Gastó 50.804 euros en prostíbulos para homosexuales pagados con la visa de la Empresa Municipal de Obras de Palma, EMOP, que presidía. Anteriormente ocupó cargos como la jefatura de la campaña electoral Jaume Matas en 2007. En junio fue ingresado en prisión por presuntos abusos a menores.

- 'Caso caballistas'

Un total de 12 cargos locales

y ex cargos populares de Mallorca -entre ellos la portavoz del PP balear, Catalina Soler- están imputados por aprobar un certificado municipal al que era alcalde de Ses Salines para poder ilegalizar una cuadra y una casa ilegal intentando aparentar interés social. La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión para el ex regidor del municipio, Sebastián Vidal.

- 'Caso Bitel'

Damián Vidal, gerente de la compañía pública balear de informática Bitel entre 2003 y 2007 está acusado de malversar 700.000 euros de las arcas de la empresa. Además de usar la tarjeta de crédito para fines personales, creó una sociedad a la que adjudicaba trabajos a dedo. Dos testaferros de esta sociedad están también imputados en el caso, que se destapó en mayo de este año.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de agosto de 2008

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