Petróleo volátil

La caída del precio del petróleo en las últimas semanas ha descartado de momento las profecías que pronosticaban una escalada catastrófica hasta los 200 dólares por barril y, lo que es más importante, alienta la esperanza de una próxima tregua de la inflación, intensamente estimulada por el encarecimiento del crudo, en especial en España. El precio del barril ha caído desde más de 144 dólares que costaba el brent a principios de julio hasta aproximadamente los 116 dólares.

El argumento de moda para explicar esta inesperada caída del precio es la precisa intervención de las autoridades regulatorias estadounidenses para cercenar la especulación. En un corto espacio de tiempo, Estados Unidos ha tomado dos decisiones de indudable eficacia. Por una parte, ha prohibido vender acciones bancarias a plazo sin disponer de los títulos, lo cual ha obligado a muchos inversores a vender activos en contratos de futuros, sobre todo petroleros, para comprar las acciones bancarias que se les exigía imperativamente por ley; por otra, se ha limitado la cantidad de operaciones financieras en petróleo que pueden tener los intermediarios "no comerciales".

Pero al margen del provecho que rindan las medidas antiespeculativas, el grueso del precio del crudo viene condicionado, como no podía ser de otra forma, por las presiones sobre la oferta y la demanda. En favor del abaratamiento del barril juegan el descenso de la demanda mundial -el consumo en Estados Unidos bajó a un ritmo de casi 200.000 barriles diarios en julio-, un ligero aumento de la oferta y la moderada disminución de las tensiones políticas con Irán.

La volatilidad del crudo no puede ser un pretexto para relajar las políticas de eficiencia energética en España, dependiente en exceso del crudo importado y con una tasa de eficiencia energética en la producción impropia de un país desarrollado. Es de temer que si el petróleo cae hasta el entorno de los 100 dólares, se olviden los propósitos de ahorro energético -servidos por un plan endeble- y desaparezcan incluso los tímidos intentos de reducir el gasto de energía por unidad de producto. No sería demasiado pedir que, al menos, Industria y los reguladores de la competencia vigilen que el abaratamiento del crudo y de sus derivados se trasladen rápidamente a los precios que paga el consumidor. Sería un alivio inmediato para la inflación.