El Consell reclama al Gobierno otros 1.000 millones por la ley de Dependencia

La Generalitat valenciana no ha entendido bien que las competencias de bienestar social son autonómicas, como la sanidad, la educación o el urbanismo. Por ello, quiere que el Gobierno le dé más dinero. Es más, quiere que el Gobierno ponga todo el dinero y que los dependientes le salgan gratis. La reivindicación de mayor financiación ha sido constante durante los últimos años. Así, desde hace muchos meses el Consell viene repitiendo una y otra vez que el Gobierno tiene que variar el modelo de financiación autonómica (modelo implantado por el anterior presidente del Gobierno José María Aznar, del PP) para pagar 1.000 millones de euros al año adicionales a la Administración dirigida por el presidente Francisco Camps motivados por el incremento de la población en un millón de personas respecto a censos anteriores. Pero la exigencia no se queda ahí. Ahora, la aplicación de la ley de Dependencia debería, según exigió ayer el consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, suponer una aportación media estatal de otros 1.000 millones de euros cada año para las arcas del Consell. Es decir, pretende que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pague íntegramente la atención a los dependientes.

Cotino exige que el Gobierno pague íntegramente la partida autonómica

Se basa el consejero en las tablas de distribución de la carga financiera de la ley marcadas por el propio Gobierno, que establecen que si en el año 2009 a la Generalitat la atención de los dependientes le supondrá un gasto de 156 millones de euros, y en 2010 otros 402, la cifra seguirá incrementándose hasta los 1.202 millones de 2013 o los 1.634 de 2014. Es decir, Cotino hace tabla rasa y quiere 1.000 millones al año, la media anual de ese periodo.

Las propias tablas que ayer distribuyó el consejero establecen que el Estado aportará el año próximo 80 millones, los beneficiarios de la ley, 74 y la Generalitat 156. En 2010, el Estado pagará 132 millones, los usuarios, 139 y la Generalitat los 402 mencionados. Así hasta los 209 millones del Estado en 2014, los 296 de los usuarios y los 1.634 del Consell.Las tablas establecen así un coste total de 6.903 millones de euros en los seis años. Pues bien, Cotino esgrimió, y distribuyó entre los periodistas, esas tablas para exigir que el Gobierno debe aportarle de media 1.000 millones de euros anuales, es decir, toda la parte que le corresponde a la Generalitat. Y eso, además de los cientos de millones que ya le corresponden al Estado en la distribución de la carga financiera de la aplicación de la ley. Quedó claro, Cotino quiere que el Estado "se implique económicamente en la aplicación de la Ley de Dependencia", pero con una implicación del 100% del coste total, los 6.900 millones en seis años.

El consejero de Bienestar Social se reunió ayer con el presidente Camps para después anunciar que en septiembre firmarán un convenio que permitirá mediante convenios, y por un coste de unos 70 millones de euros, incorporar 4.000 nuevas plazas a la red pública valenciana de residencias y centros de día. De ellas, 3.500 serían para personas mayores y otras 500 para discapacitados. Según Cotino, las instalaciones estarán listas en 2009 y darán trabajo a 2.000 personas. Y añadió que estas plazas se unirán a las 24.000 ya existentes, pues llegó a afirmar que desde el 1 de enero pasado "se ha abierto una residencia, un centro de día o un taller ocupacional nuevo cada semana".

El consejero también dio algunos datos sobre la aplicación de la ley. Explicó que ya han sido valoradas 50.000 solicitudes de dependientes, de las que 19.000 (el 38%) han sido descartadas, bien porque no tienen derecho de momento a las prestaciones o no lo tendrán nunca. Del resto, dijo, 14.000 ya están atendidas en residencias de ámbito público, "el doble", aseguró, que a finales del año pasado.

La postura del Consell fue criticada desde el PSPV. El portavoz adjunto socialista en las Cortes, Ximo Puig, manifestó que es "temerario" plantear una petición de financiación pensando en 2014 cuando "la televisión pública de los valencianos acumula un déficit de 1.300 millones de euros o cuando las pérdidas anuales de las empresas públicas de la Generalitat llegan a superar los 184 millones".

El diputado del PSPV señaló además que esos datos "deberían hacer reflexionar a un Consell que dilapida en fastos el dinero de todos los valencianos y, en cambio, cuando se trata de ayudar a las personas y resolver los problemas de los ciudadanos, echa balones fuera para disimular su incompetencia".