El BNG recurre al fiscal por el urbanismo de Gondomar
El alcalde de Gondomar, Antón Araúxo (BNG), reclama que la Fiscalía "entre a fondo" en el urbanismo de Gondomar, por entender que el episodio de corrupción destapado en 2006 y en el que están imputados dos concejales, "es sólo la punta del iceberg de los pactos que se fraguaron entonces". La petición del regidor se produce tras acordar la oposición (PP, PSdeG y Move Gondomar) el jueves, a través de una moción de urgencia presentada por los socialistas, la recuperación del polémico plan.
El pleno de Gondomar acordó en marzo del año pasado, en vísperas de las elecciones locales, suspender la tramitación del plan de 2006 "por criterios de oportunidad política". Entonces el grupo socialista entendía que el documento estaba "podrido de raíz". Un año después considera que el trabajo realizado hasta la aprobación inicial del documento es aprovechable y propone que se ponga todo el plan sobre la mesa para que los 17 corporativos decidan en un plazo de dos meses todos los contenidos recuperables. Con ello, aducen, se acortaría la parálisis urbanística que sufre el municipio.
El alcalde, sin embargo, ve en la iniciativa de la oposición motivos de mayor calado, incluso encuentra en ella la explicación a la negativa contumaz de los socialistas a formalizar un pacto de gobierno. El BNG, con cinco ediles, gobierna en Gondomar en minoría. Ahora recurrirá el acuerdo aprobado por los otros 12 concejales, pedirá la intevención "a fondo" de la Fiscalía y, paralelamente, llevará el asunto al Parlamento para que María José Caride, titular de Política Territorial, juzgue la actuación de sus compañeros de partido en el municipio.
Convenios
El gobierno local ya aprobó la contratación de los trabajos para un nuevo plan general con la tutela y financiación (unos 300.000 euros) de Política Territorial. En el peor de los casos, según el alcalde, su entrada en vigor se produciría en un plazo igual al que requeriría revitalizar el plan de 2006.
Las claves de corrupción de ese plan estarían en los convenios urbanísticos. Por ese sistema fueron recalificados unos 500.000 metros cuadrados, que pasaron de ser suelo rústico protegido a una urbanización intensiva. Los dos concejales fueron imputados por la recalificación de 40.000 metros, pero Araúxo cree que la corrupción afecta a otros convenios.
