La falta de responsable de Vivienda en Málaga retrasó trámites de VPO

La inexistencia de delegado provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en Málaga, que a los cuatro meses de la creación del departamento sigue sin ser designado, ha provocado inconvenientes en la gestión administrativa que han llegado a afectar a la tramitación de VPO, puesto que se ha producido un periodo en el que no había ninguna firma autorizada para certificarlas.

Durante semanas, no hubo firma autorizada para las certificaciones

Varios promotores inmobiliarios trasladaron sus quejas por la situación a distintas instituciones de la provincia. Uno de ellos sostiene que tuvo que demorar la entrega de una promoción de VPO que tenía terminada porque durante tres meses no logró que se le firmaran los pertinentes visados de calificación definitiva.

Al tratarse además de una consejería de nueva creación, la relación de puestos de trabajo de la delegación no está aún elaborada, por lo que tampoco existe secretario ni funcionario con firma válida. Para que las disfunciones no fueran a mayores, el 13 de junio se publicó una orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) que otorga provisionalmente las competencias de la delegación provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio en Málaga a la de Obras Públicas y Transportes.

La consejería que dirige Juan Espadas no niega lo anómalo de la situación, pero la relativiza porque sostiene que el vacío de firma duró menos de un mes y "no es relevante".

Pese a las quejas de los promotores, que lamentan "falta de sensibilidad" de la Administración autonómica en un momento tan crítico para el sector, la Junta sólo admite un periodo de posible disfunción de 24 días.

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio se creó por decreto del Presidente de la Junta el 19 de abril y una disposición transitoria determinaba que hasta la aprobación de su estructura orgánica, la de Obras Públicas y Transportes, de la que se desgajó el nuevo departamento, seguiría prestando los servicios administrativos necesarios y que los delegados provinciales mantenían las competencias de ambas.

El Consejo de Gobierno aprobó la estructura el 13 de mayo, y el 20 nombró a los delegados provinciales. Pero dos días después, la delegada de Málaga, María José Mata, renuncia tras trascender que al tiempo que fue jefa de inspección urbanística perteneció a un despacho de abogados. Ello se supo porque en el sumario del caso Malaya aparece la transcripción de una conversación con uno de sus socios. El 27 de mayo, se produce el cese de Mata que, según el expediente abierto por la Junta, no incurrió en incompatibilidad.

Al constatar los problemas por este vacío, el 5 de junio el consejero firmó la orden publicada ocho días después para que de forma transitoria ejerza las competencias de su delegación en Málaga la responsable de Obras Públicas, Josefa López, "para asegurar la continuidad y eficacia de la gestión administrativa".

Además de la mera gestión administrativa, la delegación de esta consejería en Málaga tiene un perfil político acentuado por los problemas de ordenación del territorio en la provincia, con tres planes subregionales, y el proceso de revisión de los planeamientos municipales que suele generar tensiones con los ayuntamientos. El consejero Juan Espadas optó por una técnico buena conocedora de la fenomenología urbanística de los últimos años, frente a las peticiones de la dirección provincial del PSOE de situar al alcalde de Fuente de Piedra, Cristóbal Fernández. A la vista de todo lo ocurrido, y tratándose del terreno del que se trata, Espadas ha descartado las prisas. En septiembre nombrará delegado en Málaga.