Contas revela contratos irregulares en Vivenda durante la etapa del PP

La memoria de 2005 del Consello de Contas es también una enmienda a la totalidad de la política de vivienda del ex vicepresidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La auditoría concluye que las ayudas directas de su consellería al alquiler no sólo "no sirvieron para colocar más viviendas en el mercado", sino que "incrementaron el precio [de media un 20%] de los pisos" ya arrendados.

Un ex funcionario creó una sociedad 'ad-hoc' que cobró 188.922 euros

El organismo fiscalizador revela que en muchos casos fueron los propios particulares los que, sin la intervención de la Xunta, pactaron sobreprecios en los contratos que luego la Administración financiaba al 50%. Durante el ejercicio 2005 el programa Bolsa de Aluguer subvencionó 6.041 alquileres. De ellos 1.861 estuvieron "incorrectamente calculados" según Contas.

Para dar respuesta al aluvión de peticiones -Política Territorial había presupuestado 2,4 millones de euros durante ese año y acabó gastando 12,5- el Instituto Galego de Vivenda e Solo acabó abusando de la externalización de servicios "a través de asistencias técnicas para cubrir tareas administrativas que debían ser desempeñadas por personal de la Administración". Como ejemplo, el Consello de Contas cita el concurso público que adjudicó a Eulen, SA -de la que la hermana de Feijóo, Micaela Núñez, era administradora- un contrato de 368.324 euros para divulgar las ayudas sobre el alquiler cuando la Xunta de Fraga gobernaba ya en funciones.

Antes, en octubre de 2004, Política Territorial otorgó otra asistencia técnica con fines similares por 188.922 euros a la empresa Soideg SC, fundada "ad hoc por un ex funcionario y dos becarias que habían trabajado para el Instituto Galego de Vivenda e Solo". El organismo fiscalizador descubre que otra sociedad, Enmacosa SA, fue contratada por el Gobierno de Fraga el 29 de julio -cuando el PP ya había perdido las elecciones- mediante concurso abierto para examinar los inmuebles incluidos en el registro de la Xunta. Doce días después, la empresa presentó facturas por 3.433 inspecciones que la nueva Consellería de Vivenda de Teresa Táboas decidió abonar el 23 de agosto de 2005. Según deduce la auditoría, "resulta evidente que la adjudicataria realizó los servicios antes de la adjudicación del contrato".

Contas llama la atención a su vez sobre dos convenios que el departamento de Feijóo firmó, en vísperas de las elecciones autonómicas, con las empresas editoriales La Voz de Galicia SA, por importe de 96.162 euros, y Faro de Vigo SA, por 144.242, "para divulgar actividades sobre el alquiler que se llevan a cabo en la comunidad autónoma". El dictamen censura la concertación directa con las dos entidades, critica la falta de concurrencia y resalta que los convenios "no precisan las obligaciones que deben asumir" ambos medios de comunicación, aspectos que, según Contas, ya había advertido la propia asesoría jurídica del Instituto Galego de Vivenda e Solo.

La auditoría siembra dudas sobre las permutas de terrenos para polígonos residenciales con tres sociedades, Eurotedi SL, Souto Comavi SA, Ecomar SL, que compraron fincas entre junio y octubre de 2004 a 72 euros el metro cuadrado, tres meses antes de que la Xunta presentase una oferta por 92,7 euros el metro cuadrado. El órgano de control también censura que el IGVS pretendiese perdonar al ayuntamiento de Cervo 1,2 millones por daños y perjuicios, en contra del criterio de la asesoría jurídica.