El PP pide coherencia al Gobierno sobre el gasto social

El principal discurso político del Gobierno sobre la crisis es que en ningún caso, por muy mal que se pongan las cosas, se recortará el gasto en servicios sociales. Según José Luis Rodríguez Zapatero, eso es lo que hace "la derecha" en tiempos de dificultades. El líder del PP, Mariano Rajoy, aprovechó ayer este argumento para defender las propuestas de su partido en la revisión del sistema de financiación autonómica. "El gasto social es la dependencia, la sanidad, la educación", recordó ayer Rajoy. Competencias autonómicas, en definitiva. Por tanto, si el Ejecutivo no mejora sustancialmente la financiación de las autonomías, estará, de facto, recortando gasto social.

A pesar de este discurso, precisamente algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han puesto dificultades, según ha denunciado el Gobierno central, para el desarrollo de medidas sociales como la Ley de Dependencia (retrasando las valoraciones de las minusvalías, por ejemplo). También han boicoteado, según denunció el Gabinete, otras políticas sociales que son de su competencia, como la acogida de menores inmigrantes.

Rodeado de los presidentes autonómicos del PP en San Millán de la Cogolla (La Rioja), Rajoy presentó un "decálogo" para la financiación de las comunidades. El documento exige que el acuerdo se haga a 15 bandas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, frente a la negociación bilateral que exige Cataluña.

El principal criterio para la revisión del sistema debe ser el reconocimiento del aumento de población, dice el PP. Este argumento es compartido por Madrid y la Comunidad Valenciana (que reciben dinero del Estado de acuerdo con el censo de 1999, con lo que un millón de nuevos habitantes en cada una de esas comunidades no son tenidos en cuenta), pero no es bien visto en la subpoblada Castilla y León, por ejemplo. En declaraciones posteriores a la reunión con Rajoy, el presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, no dejó de reiterar que para calcular las necesidades financieras de las comunidades autónomas deben ser tenidas en cuenta la superficie, la dispersión de la población y su envejecimiento, factores que benefician a su tierra.

Excepto la exigencia de que no suban los impuestos, la mayoría de los puntos del PP ya están sobre la mesa de la negociación entre el Gobierno y las autonomías.