La multa acecha en sólo 72 horas
El nuevo Centro de Denuncias Automatizadas ha tramitado 550.000 expedientes en cuatro meses - Un 30% de las fotos de los radares acaba en la papelera
León es, desde el 1 de marzo, la capital de las multas. Desde ese día, los 200 radares fijos instalados en las carreteras españolas comenzaron a enviar, a través de fibra óptica o telefonía GPRS, al flamante Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, las fotos de los conductores que rebasan los límites de velocidad.
A 14 kilómetros de la ciudad castellanoleonesa, en una sala diáfana de una nave de 3.800 metros cuadrados de la localidad de Onzonilla, un operador comprueba sin descanso una fotografía tras otra. Cuando termine su turno habrá puesto en marcha 1.000 expedientes sancionadores. Abre una imagen, verifica que la matrícula se lee correctamente, la valida y pasa a la siguiente. Es una de las 120 personas que trabajan en el centro -100 subcontratadas y 20 funcionarios de la DGT-.
El centro puede gestionar cuatro millones de denuncias anuales
Tráfico no descarta crear otros centros de sanciones tras la experiencia de León
Automáticamente, el sistema incorpora al fichero la información del vehículo. Otro operador chequea que los datos coinciden con las características del vehículo que se ve en la fotografía. Aproximadamente, el 30% de las imágenes que los radares envían se descarta; ante la más mínima duda sobre la identificación de la matrícula, modelo o color del vehículo, la imagen se destruye. Tras esas dos primeras cribas, se cruza la información con la base de datos de Tráfico y se confecciona automáticamente la primera notificación al propietario del vehículo para que identifique a la persona que conducía en aquel momento. (Ver gráfico).
Desde que el radar capta la infracción hasta que la carta llega a las sacas de Correos pasarán sólo 72 horas. Un proceso en el que las jefaturas provinciales invertían antes semanas. Contando los plazos de entrega postales, la denuncia puede estar en manos del titular del vehículo en 14 días, mientras que antes la notificación llegaba a manos del infractor no antes de dos meses. Muchos ni se acordaban de haber pasado por el lugar donde habían excedido los límites cuando les llegaba la comunicación. Además de la rapidez, también se han unificado los criterios en los trámites, que antes podían variar dependiendo de la provincia. Una premura que contrasta con la lentitud y los procesos arcaicos en otros departamentos de la Administración.
Ángel Toriello tiene 38 años y es el director del moderno complejo sancionador. Antes fue jefe de la Dirección Provincial de Guipúzcoa y cuenta que en los cuatro primeros meses de funcionamiento del centro se han tramitado 550.000 expedientes. "Actualmente tenemos capacidad para gestionar cuatro millones de denuncias anuales. Para hacerse una idea, en los tres meses anteriores a la inauguración, las jefaturas provinciales tramitaron 80.000, pues nosotros en el primer mes ya tramitamos esas 80.000, y fue el más flojo, porque éste ya llevamos 150.000", unas 5.000 al día.
El Estrada -así se le bautizó- es pionero en España, ha costado 21 millones y se inspira en los existentes en Francia. Su expansión parece inminente, porque en menos de dos meses comenzarán a funcionar otros 70 radares fijos, y existe un proyecto para que los 300 radares móviles de la Guardia Civil envíen también sus imágenes cuando los agentes no paren al conductor. A eso habrá que sumar el trabajo que generarán los más de 1.700 equipos fijos de control que se instalarán de aquí a 2012. Además, existe un proyecto dirigido a zonas con importantes colonias de extranjeros para que cuando el centro de León reciba la prueba de una infracción de velocidad alerte a una patrulla y el conductor pueda ser denunciado, y si procede, detenido en el acto. Ahora, la mayoría de esas infracciones quedan impunes. No se descarta que en el futuro puedan crearse más centros, lo que permitiría incluso gestionar las denuncias de los radares de los ayuntamientos, "aunque sería necesario un encaje legal".
En este complejo de denuncias, nadie maneja papel. Los documentos se escanean, y eso permite que, al contrario de lo que ocurría hasta ahora, si una persona de Valladolid es pillada por un radar en Albacete, pueda consultar su expediente en la jefatura de su lugar de residencia. Y permitirá al conductor ver "en el futuro" su informe a través de Internet.
Toriello barre para casa cuando se le pregunta por el presunto afán recaudador de Tráfico, que ingresará este año por multas y sanciones más de 360 millones, un 87% más que antes de la entrada en vigor del carné por puntos, en julio de 2006. "En primer lugar, las multas sólo suponen el 30% de lo que recaudamos". Y desarrolla un segundo argumento: "Tenemos 50.000 pórticos donde podríamos instalar radares, y también podríamos no avisar de dónde los colocamos; no hay obligación de hacerlo. Todo eso, si quisiéramos recaudar, pero el objetivo es evitar muertes".
Alguien marca el 902 508 686. En la otra punta de la inmensa nave industrial suena un teléfono. Una de las 11 jóvenes que atienden las llamadas de los infractores le resuelve rápidamente sus dudas. "Preguntan mucho cuántos puntos van a perder, porque les importa más eso que el dinero", cuentan dos de las telefonistas. Reciben casi 2.000 llamadas diarias y muchos se empeñan en contarles su vida. Claro que ellas también aprovechan para aportar su granito de concienciación: "Les decimos: 'Tenga en cuenta que se puede matar'. La mayoría lo entiende".
Otros, en cambio, se hacen un lío cuando reciben la denuncia en la que figura la dirección de este centro de León y replican al otro lado del teléfono: "¡Pero si yo no he ido nunca a León, si yo soy de Almería!".
Los temerarios y 'los listillos'
Los radares de la DGT ni duermen ni descansan, como mucho, se calibran de vez en cuando. La mayoría funciona por ondas, aunque también hay algunos láser, que son más eficaces porque captan varios carriles al mismo tiempo. El récord de velocidad llegado al centro de tratamiento de denuncias lo ostenta un conductor que circulaba a 270 el 27 de abril con un Audi por la autovía de las Rías Bajas. Según el Código Penal, este individuo podría ser condenado a seis meses de cárcel, aunque si su conducta fuera calificada como suicida la pena podría llegar a los cuatro años. Y no es un caso tan extraño, porque desde el 1 de marzo en León han recibido más de una decena de fotografías con excesos de velocidad entre 190 y 230 por hora. En esos casos, cuando el conductor supera los 200 en autovía o los 180 en carretera, al tratarse de un delito, el expediente se remite a la Fiscalía de Seguridad Vial.
"Luego, como anécdota, están los listillos que tapan la matrícula de la moto con la mano cuando pasan un radar; o los equilibristas, que ocultan la placa con un pie", explica Toriello.
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