Los dependientes desbordan la ley

El número de personas dependientes ha superado todas las expectativas. La reunión del Consejo Territorial de Dependencia del pasado miércoles se convirtió en un alegato de las comunidades autónomas que aseguran que el dinero presupuestado para la ley de dependencia es insuficiente. Sostienen que hay muchos más dependientes de los que en un principio se había pronosticado. Según varios asistentes a la cita, la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, reconoció esa diferencia y se comprometió a mantener una reunión en septiembre para tratar éste y otros temas. La reunión está prevista. Sin embargo, un portavoz del ministerio negó ayer que Cabrera admitiese tal diferencia y aseguró que el presupuesto de 2008, 871 millones de euros, cubrirá las prestaciones mínimas (las que aporta el Gobierno) de todos los dependientes que ya estén en condiciones de recibirlas. También aseguró que los compromisos presupuestarios para los próximos años se mantendrán.

Ya hay 42.000 grandes dependientes más de los que se preveía para 2010

El retraso en la entrega de ayudas crea frustración en los ciudadanos

Cataluña asegura que necesita el triple de dinero del que ha recibido

Los consejeros niegan que se haya planteado algún recorte

Sin embargo, el problema, para las comunidades, es que la financiación no es suficiente, si no este año, en el futuro, aseguró el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana. A 30 de junio de este año había valorados como grandes dependientes (los que necesitan ayuda para cualquier acción de su vida cotidiana) 266.349 personas. Sin embargo, en diciembre de 2004 el ministerio calculaba que en 2010 la cifra de este tipo de dependientes sería de 223.457. En conjunto el número de peticiones en distintos grados de dependencia se acerca al medio millón. Está claro: con más personas que atender, el dinero no llega.

El presupuesto de 2008 para la ley de dependencia -que pretende garantizar el derecho de las personas dependientes a una atención con cuidadores profesionales o familiares a los que se pague- es de 871 millones de euros. De ahí tiene que salir el mínimo que da el Gobierno cada mes a las comunidades -255 euros por cada gran dependiente, y 173 por dependiente severo- , y otra partida, la acordada para otras cuestiones como creación de infraestructuras, que se distribuye una vez al año. Este reparto de 241 millones (200 menos de lo que esperaban algunas regiones) se hizo el miércoles. Del mínimo para cada dependiente ya se han repartido entre las comunidades otros 331 millones hasta junio. Con lo que queda de presupuesto para el resto del año 299.

Presupuestos considerados "insuficientes" por la consejera de Servicios Sociales y Familia de Aragón, Ana Fernández (PSOE). "El problema es que hay más grandes dependientes de los que se había fijado. Las previsiones que se hicieron no son correctas", sostiene. Para Aragón, en 2004 se pronosticaron 7.500 grandes dependientes; hoy tienen 12.000. Asturias está en las mismas. "La estimación que se hizo se ha quedado por debajo de la realidad. Se han superado todas las previsiones", dice Pilar Rodríguez, consejera de Bienestar Social del Principado. El argumento de que el dinero no llega se va repitiendo en la mayoría de las regiones: Madrid, Canarias, Andalucía... La consejera de Acción Social de la Generalitat de Cataluña, Carme Capdevila, mostró su rechazo a la cantidad que se le asignó el miércoles: 39,3 millones de euros. Según los cálculos de la Generalitat, esta aportación tendría que triplicarse en función del número de personas dependientes.

La Consejera de Aragón, entre otros, explica que Cabrera reconoció en la reunión los "desajustes" entre las cifras reales y las pronosticadas y propuso a las comunidades otro encuentro para hablar del tema. Un punto confirmado por el viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Fernando Consuegra, que aseguró ayer que en la reunión se acordó evaluar "la marcha del sistema" y se concluyó que habría que revisarlo, dado que la realidad ha evidenciado que existen más personas dependientes de las que preveía la normativa.

Asistentes al Consejo de las delegaciones de Valencia y Madrid cuentan que en la reunión la ministra admitió que era necesaria una revisión del sistema y de su financiación para garantizar su sostenibilidad. En la próxima cita se tratará también de las diferencias entre algunos sistemas informáticos con el del ministerio y de dos propuestas que fueron aplazadas el miércoles: el copago (el coste que corresponde pagar a cada uno de los beneficiarios de ayudas) y la acreditación de los centros.

El ministerio, sin embargo, insiste en que no se habló de insuficiencia financiera, y en que su mayor preocupación son las expectativas frustradas de los ciudadanos, que no están viendo atendidas sus demandas en algunas comunidades debido a los retrasos en la tramitación de las ayudas. Así, en la reunión de septiembre se tratará, asegura un portavoz de Política Social, cómo puede afectar la crisis económica a aspectos como la construcción de residencias, o la creación de empleo que preveía la ley.

Según algunas fuentes Cabrera aseguró en la reunión que la situación económica puede influir en el desarrollo de la ley. Sin embargo, los consejeros de Aragón, Asturias, Andalucía y País Vasco niegan que se hablase de ningún tipo de recorte. Varios asistentes sostienen que la ministra se refería a un posible aumento del presupuesto.

A pesar de que las comunidades exigen más dinero para poder hacer frente al gasto en dependencia, la mayoría de los asistentes al Consejo se mostraron satisfechos con la marcha de la reunión y con la promesa de Cabrera de estudiar el tema.

Con información de Yolanda Montero (San Sebastián), Alberto Uriona (Bilbao), Lourdes Lucio (Sevilla), Jaime Prats (Valencia), Anna Flotats (Santiago de Compostela) y Josep Garriga (Barcelona).