Los sindicatos exigen que la concertada tenga más obligaciones

Todos contra el proyecto de Ley de Educación que el Consell Executiu prevé aprobar el próximo martes. La sucesión de rechazos al texto tras las modificaciones realizadas por el Departamento de Educación se cerró ayer con el turno de las escuelas públicas. Los sindicatos CC OO y UGT, junto a ocho asociaciones de profesores y padres de alumnos, reclamaron que la ley exija más obligaciones a los centros concertados. Éstos coincidieron en criticar la ley anteayer, pero en el sentido opuesto.

Según CC OO, el nuevo redactado deja muy bajo el listón con que las concertadas pueden obtener financiación pública. "Más que acercar posturas, los cambios en la ley parecen una provocación", subrayó un portavoz sindical.

Los reproches derivan de una variante semántica que levanta interpretaciones encontradas. El nuevo texto se refiere a "servicio educativo de interés público" donde antes hablaba de "servicio público de educación". Las escuelas públicas leen este cambio como anticipo de las intenciones del departamento que dirige Ernest Maragall. "Tras el cambio de denominación está en juego todo el planteamiento de la enseñanza gratuita", subrayó Dolors Llobet, responsable sindical de CC OO.

Educación mantuvo ayer el silencio ante todos los reproches, dado que el texto sigue en fase de anteproyecto. "Cualquier cosa es posible", señaló un portavoz del departamento. Se refiere al agitado fin de semana en que se prevén contactos entre todas las partes para hilvanar el consenso en torno a una ley criticada desde todos los flancos. Un técnico de Educación dio las claves para lograrlo: "Todas las partes saben que habrá muchos cambios de aquí al martes, de ahí tantas quejas". Según la versión oficiosa, concertadas y públicas tiran de la sábana para obtener réditos en la fase final del proyecto. "Después del martes nadie hablará de protestas", apuntó el técnico.

Será complejo. Por ahora, el único acuerdo entre centros públicos y concentrados dispara contra la ley: falta financiación para garantizar una educación gratuita de calidad, aducen ambos bandos. "Hacen falta más recursos, para nosotros y las concertadas. Además, la ley no concreta nada", apuntó UGT.

Quizá para remediarlo, el secretismo de Educación se permitió filtrar ayer el estudio económico sobre la ley. Éste se limita a cuantificar la inversión adicional prevista para cuatro años después de aplicar la ley (535 millones) y ocho años después (998,6). El dato dejó frío a los representantes de las escuelas públicas y concertadas. "Es pronto para valorar nada", zanjaron.