La Junta también comprará suelo por 150 millones para hacer VPO

Una medida más para reactivar el sector locomotora de la economía andaluza. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, anunció ayer que la Junta aprobará un plan para invertir 150 millones de euros en la compra de suelo destinado a construir 10.000 viviendas protegidas en 30 municipios. Esta medida sigue la estela de la anunciada por el Gobierno central, que gastará 300 millones en comprar suelo a las inmobiliarias.

La Junta pretende adquirir suelo en estos municipios, incluidos entre los 70 con mayor demanda de pisos de protección oficial y entre los que concentran el 65% de la población andaluza, y que a su vez carecen de terrenos públicos para impulsar la construcción de VPO.

El objetivo es adquirir, a través de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), suelo en estos municipios, en las condiciones y precios que marca el Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía, y ofrecerlos al sector privado para la construcción de viviendas protegidas.

En una primera fase, los 30 municipios elegidos en virtud de la demanda ciudadana de VPO y cuyas corporaciones carecen de suelo público, deberán hacer un inventario de los terrenos susceptibles de construcción, preferentemente los clasificados como urbanizables y que no presenten problemas de movilidad y conexión con los núcleos urbanos existentes. Será a partir de septiembre cuando la Junta realice la oferta de enajenación para su adquisición. Una vez adquiridos, EPSA lanzará ofertas a promotores privados para la ejecución de proyectos de VPO.

Entre esos municipios, están las ocho capitales andaluzas, Roquetas y El Ejido (Almería); Chiclana, El Puerto, Sanlúcar de Barrameda, La Línea, Jerez, San Fernando y Algeciras, en la provincia de Cádiz; Motril, en Granada; Linares, en Jaén; Benalmádena, Marbella, Estepona, Fuengirola, Mijas, Torremolinos, Vélez-Málaga y Antequera, en Málaga; y Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Utrera, en Sevilla. Córdoba y Huelva son las únicas provincias en las que únicamente las capitales se encuentran en situación de demanda alta y carencia de suelo público.

El consejero de Vivienda anunció también la creación de ocho equipos provinciales, con 30 técnicos de asesoramiento, para agilizar la adaptación parcial o total de los planeamientos urbanísticos, orientados en el caso de adaptaciones parciales a la construcción de VPO.

Espadas enfatizó a los 67 alcaldes con los que se reunió ayer en un hotel de Sevilla que mantengan "una actitud proactiva" en la tarea de relanzar la construcción de viviendas protegidas que den respuesta a la demanda ciudadana de sus municipios.

Asimismo, la Junta anunció sendas órdenes que regularán las ayudas públicas a los municipios para las adaptaciones de sus planes urbanísticos y que simplificarán los procedimientos para la calificación de viviendas protegidas.

En el primer caso, los ayuntamientos andaluces podrán acogerse a las ayudas de siete millones de euros destinadas a actuaciones de ordenación y gestión urbanística. Las ayudas podrán alcanzar hasta el 100% del coste de la actuación en los municipios de menos de 20.000 habitantes y del 10% en los casos de más de 50.000 ciudadanos.

Por su parte, la orden que regulará la calificación de las viviendas de protección oficial pretende garantizar que dicho proceso no se alargue más de tres meses.

La Consejería de Vivienda estudiará casos puntuales de municipios de algunas áreas metropolitanas, como el caso del Aljarafe sevillano, donde las reservas del 30% de VPO están bloqueadas por la paralización del 70% de suelo destinado a viviendas de renta libre. La Junta quiere arbitrar medidas para sufragar la urbanización de esos terrenos y desbloquear los proyectos de VPO en dichos municipios.