El joven venezolano que murió el lunes en Vitoria sí trabajaba en la obra

Aunque el empresario responsable de la obra afirmó lo contrario el pasado lunes, Edgar Alexander Díaz Romero estaba trabajando cuando falleció el pasado viernes en Vitoria, al caer desde el techo que estaba reparado a unos ocho metros de altura, según fuentes cercanas a la investigación.

La tragedia pudo evitarse si hubiese llevado el arnés de seguridad

Los sindicatos siguen sin dar una respuesta conjunta al problema

A falta de que éstas concluyan, todo apunta a que Díaz Romero, venezolano de 26 años, trabajaba sin contrato para Miguel Ángel Jabato Santos, propietario de varias pequeñas empresas de fontanería con sede en Vitoria. El joven falleció debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas. De haber estado enganchado al arnés de seguridad exigido por la normativa, la tragedia se podría haber evitado.

Jabato era el responsable de esta obra en la nave industrial de la compañía Tagasa, dedicada a la galvanización de superficies metálicas. Tenían que reparar los canalones del techo del almacén y sustituir algunas placas de uralita en el mismo. El empresario justificó la presencia del joven en el lugar diciendo que Diaz era su amigo, que simplemente había venido a hacerle una visita. Varios hechos le contradicen. Edgar llevaba puesto un buzo de trabajo cuando ocurrió el accidente. El sindicato ELA añade otro dato: algunos trabajadores de Tagasa aseguraron que el fallecido llevaba varios días acudiendo a las instalaciones de la empresa para trabajar en la reparación de la cubierta. LAB asegura por su parte que Díaz entró en contacto con amianto, un material cancerígeno, durante su labor. El propietario de la empresa de fontanería y canalones que ejecutaba la obra en la cubierta de Tagasa declaró ayer ante Osalan. No trascendió si terminó admitiendo que el accidentado trabajaba para él o si mantuvo su versión original.

Díaz llevaba siete años en España. Residía en el país en situación legal, con tarjeta de residencia vigente. Sus restos fueron incinerados el pasado lunes en Vitoria, en presencia de sus familiares. Éstos prefirieron ayer no confirmar si Díaz trabajaba o no para Jabato Santos. Alguno de ellos apuntó incluso que el empresario mantenía una buena relación con el siniestrado.

Tres organismos investigan en paralelo lo ocurrido (Ertzaintza, Osalan y la Inspección de Trabajo). Una vez terminadas sus indagaciones, las remitirán a la Fiscalía de Álava, que a su vez efectuará sus propias pesquisas. Este tipo de causas suele prolongarse en el tiempo, advierten fuentes judiciales. De ser encontrado culpable de un delito contra los derechos de los trabajadores, el empresario podría ser condenado a una pena de entre 6 meses a 3 años y a una multa de entre aproximadamente 2.000 y 4.500 euros. También corre el riesgo de ser inhabilitado para la gestión y representación de empresas por un periodo de tres a seis años.

Cinco trabajadores han muerto en los últimos nueve días (a los que hay que sumar un camionero italiano fallecido in itínere el pasado martes). A pesar de la gravedad del problema, los sindicatos se muestran incapaces de dar una respuesta conjunta a la siniestralidad. Las centrales alzaron una vez más la voz por separado, exigiendo un aumento de la plantilla de inspectores y una labor más efectiva por parte de los mismos. UGT recordó que ya van 45 muertos en lo que va del año según su recuento provisional. El sector donde más incidentes hubo fue el de servicios (22), seguido los de la construcción y la industria, con 9 cada uno. Las centrales ELA y CC OO convocaron para hoy sendas manifestaciones para protestar por las dos últimas muertes. En Pasaia, el sindicato nacionalista se manifestará ante las puertas del Astillero Zamakona, donde M. B. de 50 años, falleció el lunes al caer desde ocho metros de altura mientras reparaba un dique flotante. Una hora después, CC OO se concentrará en el mismo lugar. En la capital alavesa, ELA también protestará en la plaza Correos a las 11.30.

El PSE criticó la pasividad del Gobierno vasco ante el repunte de la siniestralidad laboral en las últimas semanas y dijo que ésta triplica la media europea. "El problema está en que el Gobierno de Ibarretxe, obsesionado por su consulta autodeterminista, ni quiere impulsar el diálogo social ni desea que se extienda la figura del delegado sindical de prevención de riesgos", aseveró el parlamentario socialista Jesús Loza.

Por otra parte, el trabajador herido en Sestao el pasado jueves al recibir una descarga eléctrica evoluciona favorablemente y ha pasado a la planta del hospital de Cruces, según Osalan. H. F. M., de 40 años y de origen colombiano, llevaba trabajando un año como peón para la empresa Alpe Construcciones y Rehabilitaciones.