Urquía intenta suspender su juicio con una maniobra contra el fiscal

Antonio González Cuéllar, defensor del magistrado Francisco de Urquía, acusado de prevaricación, cohecho y negociación prohibida a funcionario, intentó ayer la suspensión del juicio al solicitar la "abstención" del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón por supuesta "pérdida de imparcialidad objetiva". En la misma vista, también se juzga al ex asesor urbanístico de Marbella, Juan Antonio Roca y al empresario Arnaud Fabrice Albouhair. Según la Fiscalía, Urquía cobró de Roca 73.800 euros para la compra de su casa y más tarde asesoró al ex asesor marbellí para que se dejara de emitir un programa de televisión sobre su patrimonio.

García Calderón se retiró temporalmente del caso hasta que la Fiscalía General del Estado resuelva si se admite la solicitud de abstención. García Calderón consideró "temerario" continuar como acusación.

El argumento de Cuéllar es que García Calderón tuvo conocimiento de conversaciones telefónicas claves para la defensa del magistrado, actualmente apartado de la carrera judicial.

La presidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, rechazó aplazar el juicio "para evitar dilaciones innecesarias".

Urquía sólo se sentó en el banquillo de los acusados unos minutos. El magistrado, que también es abogado, solicitó "defenderse a sí mismo", por lo que se colocó la toga, y pasó las cinco horas de la sesión sentado junto a González Cuéllar.

El abogado dio copia al fiscal de un escrito registrado el 15 de junio en la Fiscalía General y que provocó la apertura de un expediente. García Calderón no tenía ni idea de esta maniobra, que le fue confirmada por teléfono ayer mismo. Las conversaciones a las que aludía González Cuéllar forman parte de otra causa contra abierta en el TSJA contra Urquía, en la que García Calderón también ejerce como fiscal. Parte de ellas han sido declaradas nulas y en su día hicieron que García Calderón pidiera la recusación del presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo y del magistrado Jerónimo Garvín.

Antes del incidente, los abogados de Roca, Urquía y Albouhair negaron todos los cargos. El ex asesor de Urbanismo marbellí mantiene que le presentaron al juez en una fiesta en la que también estaba Albohuair, dueño de la discoteca Olivia Valère y amigo de Urquía, pero que no sabía que el empresario y el juez fueran amigos. Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión como cooperador necesario de un delito de cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público, también niega haber negociado la compra de la casa del juez ni entregado dinero destinado al pago de la vivienda al empresario amigo de Urquía.

El empresario marbellí, con los mismos cargos y petición fiscal que Roca, defiende que nadie le pidió que influyera en el juez y niega haber recibido 73.800 euros de Roca para entregárselos después a Urquía.

El juez Urquía negó a través de su escrito de conclusiones haber asesorado a Roca sobre la mejor forma de interponer una denuncia contra el periodista Cristóbal Toro. "Pero aunque lo hubiera hecho habría sido algo inocuo porque es obligación del juez asesorar a las personas", dijo su letrado. Urquía defiende que el dinero con el que hizo los primeros pagos de su casa se lo entregaron su mujer y su padre.

El abogado del juez también solicitó un juicio con jurado ya que entienden que la acusación de prevaricación no debería incluirse. El juez se enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión y una multa de 213.000 euros.