El huracán Martinsa

Cuando Pedro Solbes dice que la inmobiliaria Martinsa asumió "riesgos excesivos" hay pocos argumentos para rebatirle. Los responsables de Martinsa, con su presidente a la cabeza, se endeudaron en momentos inadecuados y tomaron decisiones empresariales que han contribuido decisivamente a la suspensión de pagos o concurso de acreedores. Cuando el vicepresidente sugiere que los accionistas deben cargar con las consecuencias de esas decisiones, tampoco es fácil quitarle la razón. Al fin y al cabo, ésa es una de las reglas básicas del capitalismo. De las reflexiones de Solbes, transmitidas como siempre a cámara lenta, se extrae fácilmente una conclusión: la crisis no explica cualquier desastre empresarial; existen responsabilidades accionariales y directivas que el mercado tiene que sustanciar. Los accionistas y directivos no pueden esconderse detrás de la recesión del ladrillo para explicar la catástrofe.

Pero en el análisis del vicepresidente económico se echa en falta una mención al otro lado del despropósito inmobiliario. Casos como el de Martinsa Fadesa se explican no sólo porque el espejismo de los precios en alza llevó a una inflación de activos y a decisiones empresariales equivocadas sino, además, porque algunas instituciones de crédito adoptaron como práctica rutinaria financiar operaciones de riesgo, fiadas en el mismo espejismo de precios o en presiones políticas para acelerar el desarrollo regional por la vía del asfaltado permanente. Éste sería el caso de algunas cajas de ahorros. El Banco de España lleva lustros recomendando prudencia en la concesión de préstamos hipotecarios, a promotores y a compradores, y la respuesta pública -bien torpe, a la vista de los resultados- fue que el negocio de las cajas era la concesión de préstamos y que no era razonable limitar su margen de actuación. Ya a mediados de 2007 algunos bancos decidieron - se puede decir a toro pasado que sabiamente- recortar los préstamos de riesgo. No puede utilizarse la excusa de que "nadie sabía lo que iba a pasar" o "todos hacían lo mismo".

El cataclismo Martinsa es motivo, como era de esperar, de que se agite de nuevo el interminable debate sobre si el Gobierno debe mitigar las crisis empresariales para evitar que se propaguen al sistema financiero. En este caso el debate parece más justificado por la negativa del ICO a facilitar un préstamo "salvador" al grupo inmobiliario afectado. El Ministerio de Economía, con buen criterio, aplicó el principio de que las empresas son responsables de sus cuentas de resultados y que el dinero público no está para financiar circulante. Con igual diligencia debería aplicarse el Gobierno a reconocer la gravedad de la crisis económica. Cuando lo haga, podrá adoptar todas las medidas necesarias para que el terremoto inmobiliario no se transforme en un espasmo desagradable en el sistema financiero.

Desgraciadamente, el Ejecutivo vuelve a exhibir incompetencia política en la tarea de tomar la iniciativa frente a la crisis. Es grotesco que, en pleno ojo del huracán, Economía e Industria se enzarcen públicamente en otra diatriba, esta vez sobre si conviene que el Estado compre suelo edificable para construir vivienda pública. ¿No podían Solbes y Sebastián ajustar sus diferencias en privado? Así no se trata una crisis. -