Problema de legitimidad

La ley recientemente aprobada por el Parlamento vasco a fin de posibilitar la celebración de un referéndum el próximo 25 de octubre sobre el llamado "derecho a decidir" es tan absolutamente inmanejable desde un punto de vista constitucional, se sabía desde hace tanto tiempo que es constitucionalmente imposible, que no se entiende bien por qué el lehendakari, teniendo en cuenta la relación de fuerzas que existe en el interior del País Vasco, tal como ha quedado expresada en todas las consultas electorales de la última década y tal como lo reflejan todos los estudios de opinión recientes, no renunció a presentar el proyecto al Parlamento.

Para aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza hay que tener una legitimidad política enorme. No discuto, y desde el entendimiento que tengo del principio de legitimación democrática del poder no creo que se deba discutir, la legitimidad de que, desde cualquier territorio del Estado, desde cualquier comunidad autónoma, se pueda tomar una iniciativa que desborde el marco constitucional. No discuto la legitimidad de que se pretenda vehicular dicha iniciativa al margen de los cauces de reforma que la propia Constitución prevé. Jurídicamente esto es inadmisible y, por tanto, si se plantea una iniciativa de esta naturaleza, el asunto acabará ante el Tribunal Constitucional, que no tendrá más alternativa que anular la iniciativa por inconstitucional.

El 'lehendakari' tiene menos legitimidad política hoy que con la primera iniciativa

Jurídicamente no existe ningún problema. Es un asunto de una claridad tan meridiana, que el Tribunal Constitucional únicamente tiene que resolverlo desde un punto de vista formal, porque materialmente está resuelto. El TC no debería necesitar ni una mañana para dictar la sentencia y, por tanto, sería bueno que no demorara la adopción de la decisión. Una propuesta que pone en cuestión la unidad del poder constituyente no es aceptable constitucionalmente. Ni en España ni en ningún otro país, a menos que se esté dispuesto a aceptar la ruptura del principio de unidad política del Estado y la formación de Estados independientes a partir de unidades políticas que eran parte de ese Estado único. En la antigua Checoslovaquia se hizo en la última década del pasado siglo de manera pacífica y en Bélgica están a punto de hacerlo. Pero hay que aceptar la ruptura de la unidad política del Estado.

Jurídicamente no hay, pues, ningún problema. Pero, políticamente, sí lo hay o, mejor dicho, sí podría haberlo. Todavía no lo hay ni es probable que lo haya nunca. Pero, en todo caso, todavía no lo hay. En el País Vasco podría constituirse una voluntad política que fuera inequívocamente hegemónica y que tuviera como objetivo ejercer el llamado "derecho a decidir" sin respetar los límites que la Constitución establece. Si esto ocurriera, si el PNV, para entendernos, concurriera a unas elecciones llevando en su programa el "derecho a decidir" y obtuviera un resultado claramente por encima del 50%, no cabe duda de que el lehendakari investido con base en ese resultado tendría toda la legitimidad para plantear esa reivindicación y para exigir la celebración del referéndum correspondiente.

Lo que ocurre es que no es así. La evidencia empírica de que disponemos más bien apunta en dirección opuesta. Tras el rechazo por el Congreso de los Diputados de la reforma del Estatuto de Gernika aprobada por el Parlamento vasco, Juan José Ibarretxe disolvió el Parlamento y convocó unas elecciones, en las que el PNV obtuvo menos votos y escaños que en la consulta anterior, y desde entonces todos los resultados electorales le están siendo adversos. Todavía más lo son los resultados de los estudios de opinión más recientes, incluso los elaborados por las propias instituciones vascas. El lehendakari tiene menos legitimidad política hoy de la que tenía cuando puso en marcha la primera iniciativa del llamado "derecho a decidir", que también estaba muy lejos del umbral mínimo exigible en términos de política comparada, es decir, pretende que se acepte una quiebra de la legalidad, de la constitucionalidad, sin el mínimo de legitimación democrática exigible para hacer un planteamiento de este tipo.

La iniciativa del lehendakari, secundada a regañadientes por su propio partido y aprobada en el Parlamento con un voto del PCTV, es una iniciativa disparatada desde cualquier punto de vista. Jurídicamente es inmanejable y políticamente es descabellada. Objetivamente es una iniciativa que no beneficia nada más que a ETA y que, como consecuencia de ello, mete al propio nacionalismo democrático en un callejón sin salida. La iniciativa nos retrotrae al Pacto de Lizarra, un error del que el PNV debería haber aprendido lo suficiente como para no volver a cometerlo.