Condena a Parla por vulnerar la libertad de un policía local

El Ayuntamiento de Parla (PSOE) vulneró la libertad sindical de uno de sus trabajadores al suspenderle cautelarmente de empleo y sueldo después de que éste denunciase en una nota de prensa la situación laboral de la Policía Local y la inseguridad de la ciudad. Así lo establece el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 25 de Madrid, que considera que la medida del Gobierno local, dirigido por el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, incumplió el artículo 28 de la Constitución Española, que garantiza el ejercicio sindical.

Los hechos se remontan al mes de diciembre del pasado año. Tras una serie de protestas y concentraciones llevadas a cabo por los trabajadores de la Policía Local, el sindicato CSI-CSIF emitió una nota de denuncia de sus condiciones y criticaba la inseguridad ciudadana. Contenía declaraciones del responsable de la central sindical y presidente de la Junta de personal del Ayuntamiento, Juan Antonio Rodríguez, también policía local.

Un día más tarde de difundirse, el Gobierno local abrió un expediente contra Rodríguez y adoptó varias medidas, como la suspensión de funciones, la retirada de arma y credencial o la prohibición de acceso a la Policía Local. En opinión del tribunal, fueron represalias contra el empleado municipal.

Según la sentencia de la jueza María Antonia Lozano Álvarez, la conducta del trabajador "se desarrolló dentro de su derecho de información y de expresión en el ejercicio de su libertad sindical".

La resolución judicial reconoce que apenas un mes después de adoptadas las medidas contra el trabajador municipal y cuando la denuncia de éste había sido ya admitida a trámite por el tribunal, el Ayuntamiento archivó el expediente y levantó la sanción. Sin embargo, argumenta la sentencia, la rectificación no borra las consecuencias provocadas por dicha vulneración del derecho sindical.

"Durante casi un mes estuve suspendido de mis funciones. Y todo por disentir con la línea del equipo de Gobierno", explicó Rodríguez. En virtud de la sentencia el Consistorio estará obligado a pagarle el importe de ocho horas extraordinarias (unos 250 euros) y cuatro días de libranza.

Fuentes municipales declararon que acatan la resolución judicial y declinaron hacer valoración alguna sobre su contenido.