Siete comunidades de PSOE y PP harán frente común en la nueva financiación

El debate territorial tiene hoy una espinosa cita con la publicación por parte de Hacienda de las balanzas fiscales. Pero ese informe llega en medio de un nuevo incendio en las negociaciones sobre la renovación de la financiación autonómica. El Ejecutivo ha completado ya la primera ronda de contactos con las comunidades y sostiene que hay "pocos desacuerdos" sobre la reforma del sistema, según Economía. Pero las autonomías ultiman alianzas para proteger sus intereses, pese al esfuerzo del equipo de Pedro Solbes, que ha intentado llamar a filas a varios barones socialistas para evitar frentes comunes.

Siete autonomías de distintos colores políticos -las que menos han crecido en habitantes estos años- cierran filas para impedir que la población sea "prácticamente la única variable que se imponga en el reparto de los recursos", alegan fuentes de estas comunidades. Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura se reunirán el próximo 1 de agosto en Oviedo para cerrar el pacto, pese a que algunas ya se han adelantado con acuerdos bilaterales (Galicia y Asturias en abril; Castilla y León y Asturias la semana pasada) en esa línea. Lo llamativo de ese frente es que incluye a formaciones nacionalistas y regionalistas (Galicia y Cantabria), comunidades del PSOE (la mayoría) y el apoyo de Castilla y León (PP).

Hacienda presenta hoy las controvertidas balanzas fiscales

Les une el rechazo de la población como criterio "prácticamente único" en el reparto de fondos, y el objetivo de incluir otros. "No se trata de colores políticos. Lo que decimos es que la población no puede pesar más allá del 80% y que debe incluir otros criterios como dispersión demográfica, orografía, superficie o envejecimiento, algo que parecen olvidar algunas propuestas", aseguran fuentes de la Consejería de Economía de Castilla y León.

Un portavoz del Ejecutivo asturiano explicó que hay "fractura" con las comunidades del eje mediterráneo, Andalucía y Madrid, y que la población "tiene que ser importante, pero también otras variables".

Esas siete comunidades topan con la postura de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid, las más afectadas por el aumento demográfico desde 1999, el año base del actual modelo. "La población debe ser el criterio fundamental", viene reiterando el vicepresidente económico andaluz, José Antonio Griñán, para quien hay que tener en cuenta la población escolar.

Para las otras tres comunidades, la variable a ponderar es la inmigración. Pero ése no es el único fuego.

Las comunidades del PP se reunieron ayer para fijar una posición común en torno a un decálogo aprobado por la Comunidad de Madrid la semana pasada. Mariano Rajoy reunirá a los líderes regionales en San Millán de la Cogolla (La Rioja) el próximo 29 de julio para acabar de fijar la postura del PP. Pero tras la reunión de ayer, presidida por Javier Arenas y Cristóbal Montoro, el PP duda incluso de la necesidad de reformar el modelo ante la posibilidad de que el Estado no ponga más dinero en la nueva financiación, algo que ha sugerido Hacienda. "Nos dicen que no hay ni un euro", señalaron varios consejeros del PP en la reunión.

Pese a esos frentes abiertos, el Gobierno tiene clara su hoja de ruta. Economía hará públicas hoy las balanzas fiscales. El ministerio adelantó que habrá "más de dos balanzas, en función de varios criterios", y explicó que esos resultados "no van a condicionar la reforma del sistema de financiación". El equipo de Solbes ultima ya la propuesta que será la base de la negociación. El documento se presentará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, a finales de julio. El objetivo es "alcanzar un acuerdo político para acabar de perfilar el sistema en otoño", según fuentes de Economía, que destacan que hay un consenso bastante extendido en el grueso del modelo, pero no en el mecanismo de nivelación, el actual Fondo de Suficiencia. Cataluña apuesta por limitar ese fondo a los servicios básicos: sanidad, educación y servicios sociales. Solbes ha añadido ya alguna competencia más, como Justicia.

El pacto no parece sencillo. Los socialistas catalanes lanzaron ayer un órdago. El consejero de Economía, Antoni Castells, advirtió: "nos estamos jugando qué modelo de país queremos". El número dos del PSC, Miquel Iceta, aseguró que la Generalitat no apoyará un nuevo modelo "si no respeta lo que dice el Estatut".