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Los delitos contra la seguridad vial empeoran la situación de los juzgados

Los fiscales ven "problemas interpretativos" en la reforma del Código Penal

Juan Diego Quesada

La reforma del Código Penal en materia de Tráfico y las nuevas condenas por conducir sin carné están desbordando los juzgados de Andalucía.

En la memoria de 2007 de la Red de Fiscalías de Seguridad Vial en Andalucía, el fiscal coordinador, Luis Carlos Rodríguez León, reconoce que es "imposible" ofrecer un estadística fiable que permita estudiar "con rigor" la incidencia de los delitos en las carreteras y la efectividad del Código Penal.

La Fiscalía pide una pena específica para las carreras ilegales de velocidad

En la memoria, de hecho, se recogen los datos de la Guardia Civil sobre los delitos que se produjeron en la región: 3.051 detenidos por delitos contra la seguridad vial, 481 muertos en accidentes y 2.885 heridos graves. Se incoaron en total 434.125 multas por infracción administrativa.

"Es necesario que exista en cada Fiscalía un funcionario administrativo adscrito al fiscal delegado dedicado exclusivamente a la Seguridad Vial", reclama Rodríguez León en el informe. Pide también que un sistema informático eficaz que recoga datos sobre los delitos en la carretera y así poder ofrecer los datos rigurosos de los que habla. El fiscal considera que la Junta de Andalucía tiene "capacidad sobrada" para ofrecer soluciones de inmediato.

Rodríguez León explica que con los fiscales dedicados en exclusiva a los delitos de carretera se tratan de evitar penas contradictorias y sentencias que también lo sean, y a la larga lesionen el principio de igualdad de todos ante la ley. "Esto no puede menos que escandalizar a la opinión pública y a su sentido de justicia", agrega.

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El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, lamenta que las nuevas condenas por conducir sin carné hayan triplicado las ejecutorías que deben vigilar. "De seguir con la actual falta de medios se llegará en poco tiempo a una absoluta falta de control", señaló a Efe. Solicita además que se modifique el sistema informático para evitar fallos en las tramitaciones, como el que ocurrió con Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.

Los fiscales, en la memoria, también apoyan contar normas propias o criterios de actuación específicos ante los delitos contra el tráfico. El fiscal Rodríguez León consideran que existen "peculiaridades" de Andalucía, como la operación Paso del Estrecho con la afluencia masiva de inmigrantes hacia los puertos de Cádiz, Málaga y Almería, la visita masiva de turistas, y la celebración de romerías y concentraciones moteras en Jerez que exigen una mayor coordinación entre policías, administración y fiscales. "Las instrucciones tienen que ser únicas porque la Fiscalía no puede dar imagen de provisionalidad ni falta de maduración o coordinación en sus instrucciones", sostiene el fiscal.

El informe publicado ayer advierte sobre el escaso número de procedimientos penales abiertos por exceso de velocidad. En él se incluye un texto del criminólogo Carlos Aránguez, adscrito a la Fiscalía Superior de Andalucía, sobre los "problemas interpretativos" que genera el nuevo delito de conducción a velocidad excesiva. La reforma penal ordena prisión para quienes superen en 60 kilómetros por hora el límite de las vías urbanas y en 80 kilómetros el tope en vías interurbanas. Sin embargo, no se tienen en cuenta las condiciones de la vía, la velocidad excesivamente lenta o los vehículos prioritarios.

Aránguez hace mención expresa a una laguna: las carreras ilegales de velocidad en vías públicas que, según él, "quizá merezcan una atención específica por parte del legislador". "El organizador de este acontecimiento (...) puede limitarse a indicar que resultará vencedor el vehículo que primero alcance la línea de meta, pero sin instar directamente a infringir los límites de velocidad establecidos", recuerda el criminólogo.

La gran mayoría de las sentencias en materia de seguridad vial tienen que ver con la conducción bajo los efectos del alcohol.

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Sobre la firma

Juan Diego Quesada
Es el corresponsal de Colombia, Venezuela y la región andina. Fue miembro fundador de EL PAÍS América en 2013, en la sede de México. Después pasó por la sección de Internacional, donde fue enviado especial a Irak, Filipinas y los Balcanes. Más tarde escribió reportajes en Madrid, ciudad desde la que cubrió la pandemia de covid-19.

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